Será una versión más breve, con el plan tributario, sin subir las retenciones y con la opción de restablecer el impuesto a las Ganancias.
Argentina11 de marzo de 2024
Sures Noticias
Después del revés sufrido el mes pasado en las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acordó con los gobernadores enviar al Congreso en los próximos días una nueva versión más breve y precisa del proyecto de "ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
El borrador contiene el capítulo fiscal que el Poder Ejecutivo había eliminado del dictamen al complicarse la discusión con los bloques dialoguistas, y excluye una gran variedad de temas secundarios que estaban incluidos en el texto original (seguridad, cultura, educación, código civil).
Se conversó con los gobernadores sobre la posibilidad de incorporar al texto el restablecimiento del impuesto a las Ganancias, ahora llamado "impuesto a los ingresos personales".
El primer título del proyecto se refiere a la declaración de la emergencia y la delegación de facultades. De las 11 que se propusieron originalmente y las seis que se aprobaron en el último dictamen, solo quedarían cuatro emergencias por un plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.
Esto significa que se excluyeron la emergencia tarifaria y la de seguridad, que habían generado mucha polémica durante el verano.
El segundo título se refiere a la Reforma del Estado y contiene los instrumentos legales para reorganizar la Administración Pública nacional. Se autoriza a eliminar, fusionar o disolver total o parcialmente organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por ley o norma de rango equivalente.
Quedan excluidas las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
Sobre los fondos fiduciarios, el tema que había estancado el debate en febrero pasado, el Ejecutivo insiste y plantea la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y el traspaso de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.
El otro aspecto que puso en riesgo la ley ómnibus fue el capítulo de privatizaciones. Para reducir el margen de error, esta vez el Gobierno limitará a no más de 13 empresas sujetas a privatización.
El siguiente título se refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se especifica que las acciones de empresas se mantienen dentro de ANSeS y no se ceden al Tesoro, lo cual las haría susceptibles de embargo.
La nueva ley ómnibus también incluirá un título relacionado con los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, por el cual se autorizará a renegociar o rescindir contratos de ciertas características y montos bajo ciertas circunstancias de emergencia.
En el capítulo V, se propone un nuevo mecanismo de movilidad previsional basado en un ajuste mensual por IPC desde abril, y 10 puntos porcentuales de recuperación para mitigar la pérdida de ingresos reales de las prestaciones en el primer trimestre.
El siguiente título se refiere a la creación de un régimen de regularización laboral, con beneficios y exenciones impositivas para la contratación de personal registrado.
El capítulo posterior es el que tiene como título “desregulación económica” y abarca la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que impidan la libre competencia, aumenten costos, generen escasez o produzcan algún otro tipo de distorsión de mercado.
El título VIII se dedica a la Energía y comprende cambios en la ley de Hidrocarburos. Se establece el libre comercio internacional, la libre disponibilidad y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. Se elimina la idea del barril criollo con su precio diferenciado del internacional.
El texto se podría reescribir de la siguiente manera:
La cuestión de los biocombustibles y la transición energética también forma parte de este tema.
Otro título que se abordaría es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que consiste en otorgar beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión, ofreciendo un marco de seguridad jurídica.
El paquete fiscal
La gran novedad del acuerdo entre la Nación y las provincias es la decisión de reflotar el paquete fiscal, que incluye una moratoria impositiva para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social, y también un blanqueo de capitales.
Este nuevo régimen de exteriorización de activos no declarados para residentes y no residentes tendría un plazo de adhesión hasta el 30 de noviembre de 2024.
Se cobraría un impuesto especial para sumas mayores a 100.000 dólares, cuya alícuota variaría según los plazos de adhesión (hasta el 31 de mayo: 5%, hasta el 31 de agosto: 10%, hasta el 30 de noviembre: 15%).
La adhesión al régimen implicaría que esos contribuyentes quedarían “liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren”.
Se incorporaría un premio a contribuyentes cumplidores desde 2020 a la fecha, con una reducción de la alícuota de Bienes Personales para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026.
Dentro del paquete fiscal también se contempla la modificación de impuestos internos al tabaco y la eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
Un capítulo aparte merece la discusión del impuesto a las Ganancias o ley de Ingresos Personales, ya que hay gobernadores que no quieren asumir el costo político de establecer un piso de 1.500.000 pesos como propone el Gobierno para la cuarta categoría.
El monotributo también estaría entre los temas a tratar.
Fuente NA
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