La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, entidades sociales, políticas, de derechos humanos y gremios reclamaron a la ONU y a la CIDH que intercedan para que el Estado argentino "cese la persecución".
Argentina16 de enero de 2024
Sures Noticias
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), entidades sociales, políticas, de derechos humanos y varios gremios reclamaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intercedan para que el Estado argentino "cese la persecución".
Un documento de la CTAA, que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, informó que esas entidades realizaron una presentación colectiva para que intervengan esas organizaciones mundiales a fin de que el Estado argentino, a cargo del presidente Javier Milei, cese de manera inmediata "la persecución a la protesta".
Las organizaciones enviaron un escrito a la Comisión y a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas para denunciar las multas millonarias del Ministerio de Seguridad.
Los dirigentes denunciaron "la política del Ministerio de Seguridad de exigir a las entidades que paguen sumas millonarias por participar en las protestas sociales y manifestaciones públicas del 20, 22 y 27 de diciembre últimos contra el ajuste, los recortes y las reformas".
"La cartera de Seguridad considera que la participación en marchas es una actividad ilegal y reclama sanciones económicas por protestas pasadas, arrogándose facultades que no tiene, con lo que también procura condicionar la acción futura. Esa política afecta el derecho a la protesta y es un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical", aseveró.
Según la CTA, el 29 de diciembre último la CIDH señaló su "preocupación" y sostuvo que "la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas, por lo que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
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La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
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