La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, entidades sociales, políticas, de derechos humanos y gremios reclamaron a la ONU y a la CIDH que intercedan para que el Estado argentino "cese la persecución".
Argentina16 de enero de 2024
Sures Noticias
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), entidades sociales, políticas, de derechos humanos y varios gremios reclamaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intercedan para que el Estado argentino "cese la persecución".
Un documento de la CTAA, que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, informó que esas entidades realizaron una presentación colectiva para que intervengan esas organizaciones mundiales a fin de que el Estado argentino, a cargo del presidente Javier Milei, cese de manera inmediata "la persecución a la protesta".
Las organizaciones enviaron un escrito a la Comisión y a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas para denunciar las multas millonarias del Ministerio de Seguridad.
Los dirigentes denunciaron "la política del Ministerio de Seguridad de exigir a las entidades que paguen sumas millonarias por participar en las protestas sociales y manifestaciones públicas del 20, 22 y 27 de diciembre últimos contra el ajuste, los recortes y las reformas".
"La cartera de Seguridad considera que la participación en marchas es una actividad ilegal y reclama sanciones económicas por protestas pasadas, arrogándose facultades que no tiene, con lo que también procura condicionar la acción futura. Esa política afecta el derecho a la protesta y es un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical", aseveró.
Según la CTA, el 29 de diciembre último la CIDH señaló su "preocupación" y sostuvo que "la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas, por lo que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Ante el deterioro de las políticas culturales del actual gobierno, del 3 al 9 de julio se llevará a cabo el Festival ENTRÁ, un encuentro federal y autogestivo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro (INT).
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El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Sylvia Peñaloza, presidenta de IFICOTRA -Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo- en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, que se celebra este 5 de julio, reflexiona sobre la situación que atraviesa el movimiento cooperativo en tiempos de profunda crisis social y económica.