El exoficial de la Armada está imputado como partícipe necesario de la sustracción de la víctima y como coautor de su posterior retención y ocultación tras su nacimiento en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada. "El acusado, como parte del sistema represivo, cometió estos delitos contra su propia familia, lo que lo convierte en un caso único en la historia de estos juicios", marcó la fiscalía.
Argentina27 de noviembre de 2023
Sures Noticias
El fiscal general a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti, y el auxiliar fiscal de la misma dependencia, Iván Polaco, iniciaron ayer su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el juicio al exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel, quien llegó a esta instancia acusado por su intervención en la apropiación de la hija de desaparecidos Victoria Donda Pérez, su sobrina, nacida en agosto de 1977 y sustraída durante el cautiverio de su madre, María Hilda Pérez, en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La de ayer fue la primera de una serie de audiencias previstas para la exposición del Ministerio Público Fiscal y fue transmitida -como lo será toda esta etapa del debate- por el canal de Yotube del Poder Judicial de la Nación. Donda Tigel llegó acusado en carácter de partícipe necesario de la sustracción de Victoria Donda y como coautor de su posterior retención y ocultación durante el funcionamiento del centro clandestino de detención de la (ESMA), que en la época del terrorismo de Estado fue también una maternidad clandestina desde donde se perpetró la apropiación de decenas de bebes en el contexto del plan sistemático de apropiación de niños y niñas desplegado en ese contexto y probado judicialmente.
"Entendemos que el crimen cometido por el acusado es un caso especialmente atroz. Por un lado, muestra la atrocidad propia de toda apropiación de niñas y niños nacidos en cautiverio de sus madres en el marco del terrorismo de Estado. Pero en este caso, además, se suma que el acusado, como parte del sistema represivo, cometió estos delitos contra su propia familia, lo que lo convierte en un caso único en la historia de estos juicios", remarcó la fiscalía.
En su exposición, el MPF consideró que en el debate “quedó probado que Donda era un oficial de Marina, integrante de la Fuerza de Tareas III, que toma intervención en el hecho, ve a su cuñada cuando estaba secuestrada en la ESMA antes de tener a Victoria. Y luego de este hecho, afianza aún más su relación con la ESMA a tal punto que, meses después, es destinado formalmente a ese lugar y hace una carrera ascendente hasta convertirse poco tiempo después en uno de sus jefes".
“A pesar de la férrea clandestinidad del sistema represivo y a pesar del silencio y las mentiras de los perpetradores, los testimonios de los sobrevivientes han permitido sacar a la luz que el imputado asumió un rol activo en la escena de los hechos. Numerosos testimonios indican que Donda estuvo en la ESMA durante 1977, en días cercanos al parto, tanto antes, como después del nacimiento de Victoria", explicó la fiscalía.
La fiscalía sostuvo que Donda “se ajustó a los planes delictivos del Grupo de Tareas de la ESMA, mostró su fidelidad a la Armada nada menos que en crímenes cometidos contra su propia familia y eso le valió asumir responsabilidades cada vez mayores dentro del CCD”.
Añadió que "Donda ya aparece interviniendo en el hecho en momentos previos al nacimiento de Victoria. También vamos a ver que Donda tenía un vínculo con la ESMA, como integrante de la Fuerza de Tareas III, ya desde antes de su nacimiento, y también en tiempos concomitantes al hecho e inmediatamente posteriores. Un vínculo que incluso se fue consolidando luego del nacimiento y apropiación de Victoria”.
En este mismo sentido, la fiscalía consideró que la historia del acusado en la ESMA “no puede desvincularse del hecho que aquí se juzga y de su actitud frente a la detención de sus familiares y, concretamente, frente a la permanencia de su cuñada en la ESMA, el nacimiento de su sobrina y su entrega a un integrante del Grupo de Tareas de la ESMA”.
La fiscalía agregó que Donda “se ajustó a los planes delictivos del Grupo de Tareas de la ESMA, mostró su fidelidad a la Armada nada menos que en crímenes cometidos contra su propia familia y eso le valió asumir responsabilidades cada vez mayores dentro del centro clandestino de detención”.
"No hay posibilidad de que Adolfo Donda no conociera los hechos. No hay ninguna posibilidad de que la Armada haya hecho todo esto a sus espaldas", remarcó.
Agregó al respecto que luego del nacimiento y de la sustracción de su sobrina, el exoficial escondió sistemáticamente, a su propia familia, información “que era clave para la búsqueda y para que se pudiera restablecer el vínculo entre la víctima y su familia”.
"Realmente, la prueba recabada sobre la intervención de Adolfo Donda en los hechos es contundente”, sintetizó la fiscalía.
El tribunal dispuso de un cuarto intermedio hasta el lunes 27 de noviembre a las 14.00, cuando está previsto que se reanude el alegato del MPF.
Sustracción, retención y ocultación de Victoria Donda
De acuerdo con la acusación fiscal arribada a juicio en noviembre del año pasado, a fines de marzo de 1977 María Hilda Pérez -embarazada- y su marido José María Laureano Donda -hermano del acusado- fueron secuestrados por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. Posteriormente, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año, la mujer fue trasladada desde la Comisaría de Castelar -su primer lugar de cautiverio- a la ESMA. Mientras transcurría agosto de ese año, dio a luz a su hija, a quién llamó Victoria.
En este marco, Hilda Pérez fue asistida por el médico Jorge Luis Magnacco -condenado por este hecho en otro juicio- en la habitación de embarazadas de la ESMA, denominada por los represores como “Maternidad Sardá” o “la Sárda por Izquierda”, que funcionaba en el piso superior del Casino de Oficiales. Posteriormente, mediante la acción del acusado juntos a otras personas, la niña fue sustraída e inscripta con otros nombres y el apellido de su apropiador, el prefecto Juan Antonio Azic, y como hija de este y de su esposa, Noemí Esther Abrego. Quince días después del nacimiento, María Hilda fue retirada de la ESMA por personal de la Fuerza Aérea y nunca más se supo de ella.
Adolfo Donda Tigel se desempeñó durante años en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y allí actuó conjuntamente con otros miembros de la Armada en secuestros, en aplicación de tormentos y en la sustracción de los bienes de las personas ilegítimamente privadas de la libertad, entre otros delitos, hechos por los cuales recibió penas de prisión perpetua en 2011 y en 2017 en las denominadas causas 1270 y ESMA Unificada, respectivamente.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.