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De acuerdo a lo establecido en el decreto 435/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, cuyo desempeño tendrá carácter ad honorem.
Los integrantes de la nueva comisión
La reforma de la Constitución jujeña generó un importante rechazo de la población de la provincia norteña. El descontento derivó en movilizaciones, cortes de ruta y serios incidentes durante varias semanas. La situación fue repudiada por el Gobierno nacional. Luego, se judicializó la modificación de la Carta Magna provincial e intervino el PJ de Jujuy por haber apoyado las reformas.
El coordinador de la Comisión será el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. Lo acompañarán la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel; y expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Los mismos serán designados por el ministro de Justicia, Martín Soria. Además, se invitó a los organismos de derechos humanos internacionales a designar un representante para oficiar como veedor del desarrollo de la Comisión.
El ente tendrá por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), relativas a la actuación de la Policía jujeña durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.
Luego, deberá elaborar un informe que será puesto en conocimiento del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
A partir de su conformación, la Comisión tendrá un plazo de hasta 60 días corridos para elevar el informe.
