La justicia de Bolivia confirma la sentencia de diez años de cárcel impuesta a Áñez

La Fiscalía la acusó de asumir la titularidad del Senado y, en consecuencia, la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, sin cumplir requisitos constitucionales, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La denuncia de este caso fue presentada por el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021, cuando Áñez ya estaba siendo procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras una presentación judicial anterior de la exdiputada Lidia Patty.

La Fiscalía en primera instancia sumó la denuncia del Senado a esta causa, pero luego dividió el caso en dos: Golpe I, el proceso que denunció Lidia Patty, y Golpe II, vinculado a la denuncia de Andrónico Rodríguez.

Sobre este último expediente es que los jueces Orlando Rojas y Claudia Castro ratificaron la sentencia de diez años de prisión.

El abogado defensor Eusebio Vera confirmó el fallo y anticipó que se dispone a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, la última instancia de apelación antes que se declare como sentencia ejecutada, según indica el diario local El Deber.

La propia Áñez se expresó sobre la última decisión judicial en Twitter: "Los vocales Rojas y Castro, por instrucción del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido gobernante), ratifican vulneración de todos mis derechos como expresidente de Bolivia negando el juicio de responsabilidades que ordena la Constitución".

"El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición", apuntó Áñez, que tiene seis procesos abiertos en la justicia.

Las otras personas que fueron juzgadas por el caso Golpe II también recibieron la ratificación de la sentencia.

Así, el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también siguen condenados a diez años de cárcel, aunque en rebeldía por estar prófugos.

Los otros sentenciados por este caso son el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce (dos años de prisión); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones, ambos condenados a cuatro años.