![WhatsApp Image 2024-07-24 at 18.46.52](/download/multimedia.normal.adf99c5504d1597c.V2hhdHNBcHAgSW1hZ2UgMjAyNC0wNy0yNCBhdCAxOC5fbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)
Hambre. El Gobierno apeló el fallo que exigía detalles sobre el reparto de alimentos
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
La titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ana Carolina Gaillard, aseguró hoy que el proceso solicitado por el presidente Alberto Fernández a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se llevará adelante "con mucha seriedad y transparencia".
Argentina 04 de enero de 2023La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) consideró además que en la difusión de los chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, -quien ayer pidió licencia para preparar su defensa en el caso, se muestra "la connivencia entre jueces y sectores de la política".
"Impulsar el juicio político fue una decisión de nuestro Presidente teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento. Fue la gota que rebalsó el vaso para mostrar lo que todos sospechábamos: la connivencia entre jueces y sectores de la política. Claramente no hay un poder judicial independiente", afirmó Gaillard en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.
Además, la legisladora agregó que "no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte" y aseguró que el proceso será llevado "de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad".
Ayer, Alberto Fernández y 12 gobernadores enviaron una nota dirigida a la diputada para que disponga "las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político" contra los integrantes de la Corte Suprema.
En el documento que girarán a la Cámara de Diputados, el mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El pedido de juicio político fue solicitado luego de hacerse pública la difusión de chats que habría mantenido D' Alessandro con Silvio Robles, vocero de Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
"La persona de máxima confianza de Rosatti hablaba con el ministro porteño y le recomendaba la mejor estrategia para tener un fallo favorable en cuanto a los fondeos de coparticipación que debía recibir la Ciudad", sostuvo Gaillard.
La diputada explicó que aún no hay una fecha de reunión de la Comisión prevista y que resta esperar "que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso".
"Creería que esta semana se firmará el Decreto para convocar a Extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la Comisión", detalló.
Asimismo, la diputada explicó que la Comisión tratará el proyecto y "dictamina por simpe mayoría si se abre la investigación".
"Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la Comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar", apuntó.
En ese caso, se comienza con la etapa probatoria donde se presentan "pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares" y otras evidencias.
"Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría", añadió.
Finalmente, el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde "se requiere dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación", que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, "donde se juzga" al acusado.
"Queremos un Poder Judicial transparente, democrático e independiente, que es lo que necesita la democracia y la República. Lo central es que el Poder Judicial avasalló facultades de otros poderes y eso va a ser discutido en el marco de la Comisión", completó la legisladora.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.