El veredicto de este proceso oral y público llegó tras cuatro años de audiencias, en las que declararon al menos 200 testigos, quienes dieron cuenta de los homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos y torturas que se perpetraron en Jujuy en tiempos del terrorismo de Estado.

En el prolongado debate que tuvo esta causa se analizaron también por primera vez en la historia judicial de la provincia casos de abuso de sexual que se cometieron en el contexto del plan sistemático de aniquilación y violación de los derechos humanos que aplicó la última dictadura.

La lectura de la sentencia inició poco después de las 18, mientras una gran cantidad de integrantes de organismo de Derechos Humanos y colectivos sociales, seguía la resolución del debate a las afueras del recinto judicial en pleno centro de la capital jujeña.

La pena de cadena perpetua fue impuesta para los imputados, Juan Carlos Jones Tamayo (exjefe de la Central de Inteligencia conocida como “Área 323”); José Américo Lescano (excomisario de la Policía de Jujuy); Juan Carlos Lucero (exalcalde y jefe la Sección Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti) y Ceferino Narváez (exjefe de Guardia de Seguridad Externa del Penal de Villa Gorriti).

En tanto el resto de los acusados entre ellos exefectivos del Ejercito, Gendarmería, la policía y servicio penitenciario jujeño, recibieron penas de entre 5 años y 25 años de prisión, mientras que solo uno de los acusados fue absuelto por el beneficio de la duda.

Este proceso fue considerado un "mega juicio" porque contempló 16 expedientes y ventiló los vejámenes en perjuicio de trabajadores desaparecidos en el ingenio Ledesma, Mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones durante el terrorismo de Estado iniciado 1976.