La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtió hoy que las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio de proximidad no están siendo alcanzadas por los beneficios del acuerdo de precios en el marco del Programa Precios Justos.
Fechu 20 de noviembre de 2022
Sures Noticias
La entidad observó en un comunicado que “bajo las especificaciones del Programa no se contempla la forma en que los negocios de proximidad, integrados por cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, se abastecerán de los 1.788 productos con precios regulados”.
La distribución de la mercadería de estos sectores se realiza a través de distribuidores oficiales, autoservicios mayoristas o incluso en forma directa de fábrica.
“Sin embargo, en muchos casos estos puntos de aprovisionamiento venden los productos incluidos en el programa al mismo precio al que debería venderlo la Pyme o con escasa diferencia lo que no permitiría un margen de utilidad mínima razonable para compensar sus costos”, explicó Apyme.
Como consecuencia de esa situación, los negocios de proximidad “quedarían forzados a vender más caros estos productos, lo que implica: migración de sus clientes a las grandes cadenas en busca del precio regulado”, agregó la entidad.
Es por eso que desde Apyme se solicita que se tenga en cuenta que en los negocios de proximidad es donde “se venden ocho de cada diez productos de la canasta básica”.
“Si lo que se busca es frenar los aumentos de precios y avanzar en la democratización de la oferta e impulsar la demanda, es fundamental favorecer la inclusión de las Pymes y cooperativas, tanto en la implementación como en el diseño de las políticas públicas para frenar los aumentos de precios”, concluyó el comunicado.
Más de cuatro mil personas han firmado una petición dirigida al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitando que reconsidere el plan de reducción implementado en el multimedio público, el cual ha resultado en la eliminación del 40 por ciento de su personal.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.