Se presentó "Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa". La actividad se realizó este jueves 6 de noviembre y contó con la participación de Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP - DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.
Argentina10 de noviembre de 2025
Sures Noticias
El informe del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) presenta alternativas a la política de ajuste vigente, enfocándose en justicia social, equidad tributaria y desarrollo democrático.
Desde fines de 2023, la política fiscal argentina estuvo marcada por un severo ajuste: recorte del gasto social, profundización de privilegios fiscales para sectores concentrados y falta de debate democrático. El Estado redujo su inversión en áreas clave como salud, educación, género y vivienda, mientras que grandes empresas y patrimonios recibieron exenciones y beneficios.
El documento denuncia la regresividad histórica del sistema tributario nacional, que exige más esfuerzo a quienes menos tienen (principalmente a través del IVA y otros impuestos al consumo), mientras grandes fortunas, propiedades y empresas pagan proporcionalmente menos. Se enfatiza la pérdida de recursos estatales por evasión y elusión fiscal, especialmente el traslado de ganancias a guaridas fiscales y la adopción de criptoactivos, situación que erosiona la función redistributiva del Estado.
Principales propuestas:
Salir del modelo de ajuste, desigualdad y privilegios; impulsar un gasto público equitativo y transparente.
Redirigir transferencias sociales a infancias, hogares monomarentales y prevención de violencia de género, corrigiendo inequidades actuales.
Garantizar un sistema previsional inclusivo, sostenible y con cobertura universal, vinculado a la canasta básica.
Establecer mínimos de inversión en obra pública, salud, educación, cuidados, vivienda e infraestructura, asegurando equidad territorial.
Transparentar y revisar los gastos tributarios y eliminar privilegios regresivos.
Fortalecer impuestos a la riqueza y actualizar valuaciones de propiedades para reflejar precios reales, gravando grandes extensiones, viviendas secundarias y reforzando Bienes Personales con alícuotas progresivas.
Mejorar la recaudación de ganancias de grandes empresas y patrimonios, con menor presión sobre PYMES y sectores de bajos ingresos.
Limitar nuevas amnistías fiscales y democratizar el acceso a la información sobre grandes patrimonios.
El documento subraya el impacto negativo del endeudamiento sobre los derechos sociales: el pago de intereses de la deuda se cuadruplicó frente a los recursos destinados a jubilaciones y pensiones en 2025. La propuesta incluye fortalecer mecanismos democráticos de control, coordinar acciones con países del Sur global y promover reglas de reestructuración más justas a nivel internacional.
La invitación es repensar colectivamente la política fiscal, democratizar el debate e incorporar perspectivas de género y derechos humanos para construir una Argentina más justa y equitativa.
Ante la crisis económica y el fuerte recorte presupuestario impulsado por el gobierno nacional —que en 2024 resignó el 3,45% de los recursos del PBI—, la red propone una reforma tributaria justa, orientada a que los mayores aportes provengan de quienes más ganan, en contraposición al modelo regresivo vigente.
El recorte afectó áreas estratégicas como salud, educación, vivienda y acompañamiento a mujeres y colectivos LGBTIQ+, con disminuciones de hasta el 85% en algunos rubros. Frente a este panorama, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ELFE), integrado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES Argentina) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), realizó la presentación del documento “Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa”, que aborda gasto público, estructura tributaria, evasión y deuda.
Hacia una justicia fiscal y social
El informe denuncia la histórica recaudación regresiva: el Estado exige mayor esfuerzo a los sectores de menores ingresos, mientras favorece a los grupos concentrados. Por eso, las entidades proponen “repolitizar y democratizar la discusión fiscal” y delinean medidas que incluyen:
Restablecimiento de políticas de género y prevención de violencias.
Garantía de sistema previsional inclusivo y sostenible.
Recuperación de la inversión pública y establecimiento de pisos mínimos.
Gravar más a quienes concentran riqueza y fiscalizar criptoactivos.
Transparencia en la titularidad de grandes patrimonios.
Impulso de alivios de deuda conforme a criterios sociales.
Fortalecimiento de la coordinación internacional para reglas justas.
“Casi el 11% de la recaudación de impuestos corporativos se pierde por el traslado de beneficios a guaridas fiscales”, advirtió Rodríguez Enríquez. La investigadora puntualizó que la hegemonía actual promueve una narrativa anti-Estado y pro-ajuste, y afirmó la necesidad de desafiar ese discurso para avanzar en acciones políticas y sociales que prioricen los derechos humanos y la equidad.
Por su parte, Silvia Naishtat enfatizó: “El principal recaudador de Argentina es el FMI, que ya se llevó 100 mil millones de dólares por intereses en lo que va del año”.
Voces del territorio
Claudia Albornoz, referente barrial, visibilizó la realidad de los sectores populares: “En el barrio ya no se toma leche, hace rato se toma mate cocido. La soberanía, para ellos, es dinero, no patria”.
El sociólogo Pablo Semán agregó: “No hay confianza en los políticos, la gente piensa que todos son narcos”.
Un debate necesario en tiempos de ajuste
La propuesta resulta disruptiva en el contexto argentino, marcado por una profundización del ajuste, desregulación económica y una reforma laboral que recorta derechos. Mientras a nivel internacional avanzan políticas progresivas —reducción de la jornada laboral, nuevos tributos y regulaciones sobre plataformas y criptoactivos—, el gobierno de Javier Milei acentúa tendencias regresivas.
Las organizaciones sociales reclaman un cambio de rumbo que garantice mayor equidad tributaria y justicia social, poniendo en debate las prioridades económicas y reconstruyendo redes de protección para los sectores más vulnerados.
Por su parte, el personal adherido a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires llevará adelante sus tareas con normalidad.
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