El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, renunció al cargo tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la provincia, ocurridas entre marzo y junio de este año, y en su reemplazo fue designada la bioquímica María Gabriela Barbás.
Córdoba25 de agosto de 2022
Sures Noticias
"Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación", informó Cardozo mediante su cuenta de Twitter.
"Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo de que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”, agregó.
Pocos minutos después de la dimisión de Cardozo, el gobierno provincial informó por la misma red social que se designó a Barbás como nueva titular de la cartera sanitaria.
“Barbás tuvo un desempeño principal en el abordaje de la pandemia y valiosa tarea en la articulación del sistema sanitario. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y docente universitaria”, resaltó el gobierno cordobés.
La designada ministra de Salud provincial cumple funciones como secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y se desempeñó como vocera oficial de la información sanitaria vinculada a la pandemia de coronavirus.
Barbás asumirá formalmente sus funciones esta tarde, tras prestar juramento durante un acto previsto para las 17.30 en el Auditorio del Centro Cívico.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.