En un operativo desplegado en San Salvador de Jujuy y otros puntos de la provincia, se realizaron esta mañana 16 allanamientos a organizaciones sociales y en los domicilios de sus referentes, ordenados a partir del pedido del fiscal Diego Funes y firmados por el juez Nino Fernández, a partir de supuestas denuncias de retenciones de dinero a beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes sociales. Repudio de la Secretaria de DDHH de la Nacion.
Argentina06 de julio de 2022
Sures Noticias
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Nuestramérica y el Movimiento Evita, entre otras, son las organizaciones donde se desarrollan los procedimientos en domicilios particulares, merenderos y comedores, entre otros puntos, que incluyen el secuestro de teléfonos, cuadernos y documentación.
«Esta es una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país. Basta de perseguir a los que luchan», señalaron desde el FOL en un comunicado.
Las actuaciones fueron iniciadas «de oficio» por la fiscalía especializada en delitos económicos y contra la administración pública. Los allanamientos se realizan en San Salvador de Jujuy, Lozano, Tilcara y Palpalá.
En la cédula se señala a 13 personas imputadas de asociación ilícita, de quienes se dice que «amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica».
En la orden judicial se detalla además que la causa se inició a partir de la denuncia de nueve personas.
Fuente https://elsubmarinojujuy.com.ar/
Sures Noticias accedió a las ordenes de la Justicia
La Secretaría de Derechos Humanos repudia el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales
Se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos realizados durante la mañana de hoy por la policía provincial a diferentes dirigentes y organizaciones populares con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia y manifiesta su enorme preocupación por una nueva escalada en la persecución a organizaciones sociales en la provincia de Jujuy por parte de autoridades políticas y judiciales.
Esta mañana, se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos y simultáneos realizados por la policía provincial a más de una decena de agrupaciones populares de diferentes localidades de la provincia con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita. Es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia.
Se trata de una causa iniciada de oficio por el fiscal provincial Diego Ignacio Funes, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, en tanto que las medidas fueron autorizadas por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández.
Los allanamientos se realizaron en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, en Tilcara, Palpalá y Calilegua. Además del secuestro de celulares, notebooks y pendrives, los aparatos fueron registrados en el momento, sin la posibilidad de que intervengan abogados defensores ni peritos de parte que controlen el proceso, algo que es absolutamente violatorio del derecho a la intimidad y privacidad.
Los hechos se producen luego de la visita realizada la semana pasada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la que se reunieron con la dirigente social Milagro Sala, quien fue internada en el marco de un creciente hostigamiento por parte de las autoridades jujeñas, tanto políticas como judiciales.
La dirigente social está detenida arbitrariamente hace casi 7 años y es perseguida en una decena de causas penales sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica.
La Secretaría de Derechos Humanos exhorta a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia.
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Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital emitió un comunicado enérgico en respuesta a un pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano que considera negacionista. En su declaración, ATE critica la apertura de un sumario policial por la colocación de una baldosa con la inscripción "Barrios x Memoria y Justicia" en la sede de la Secretaría de Trabajo, señalando que esta acción es un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la dictadura.
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Un informe de la UBA revela que el Salario Mínimo Vital y Móvil perdió un 32% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Es el valor real más bajo en casi 25 años y está 62% por debajo del récord de 2011.
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