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En un operativo desplegado en San Salvador de Jujuy y otros puntos de la provincia, se realizaron esta mañana 16 allanamientos a organizaciones sociales y en los domicilios de sus referentes, ordenados a partir del pedido del fiscal Diego Funes y firmados por el juez Nino Fernández, a partir de supuestas denuncias de retenciones de dinero a beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes sociales. Repudio de la Secretaria de DDHH de la Nacion.
Argentina06 de julio de 2022El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Nuestramérica y el Movimiento Evita, entre otras, son las organizaciones donde se desarrollan los procedimientos en domicilios particulares, merenderos y comedores, entre otros puntos, que incluyen el secuestro de teléfonos, cuadernos y documentación.
«Esta es una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país. Basta de perseguir a los que luchan», señalaron desde el FOL en un comunicado.
Las actuaciones fueron iniciadas «de oficio» por la fiscalía especializada en delitos económicos y contra la administración pública. Los allanamientos se realizan en San Salvador de Jujuy, Lozano, Tilcara y Palpalá.
En la cédula se señala a 13 personas imputadas de asociación ilícita, de quienes se dice que «amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica».
En la orden judicial se detalla además que la causa se inició a partir de la denuncia de nueve personas.
Fuente https://elsubmarinojujuy.com.ar/
Sures Noticias accedió a las ordenes de la Justicia
La Secretaría de Derechos Humanos repudia el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales
Se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos realizados durante la mañana de hoy por la policía provincial a diferentes dirigentes y organizaciones populares con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia y manifiesta su enorme preocupación por una nueva escalada en la persecución a organizaciones sociales en la provincia de Jujuy por parte de autoridades políticas y judiciales.
Esta mañana, se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos y simultáneos realizados por la policía provincial a más de una decena de agrupaciones populares de diferentes localidades de la provincia con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita. Es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia.
Se trata de una causa iniciada de oficio por el fiscal provincial Diego Ignacio Funes, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, en tanto que las medidas fueron autorizadas por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández.
Los allanamientos se realizaron en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, en Tilcara, Palpalá y Calilegua. Además del secuestro de celulares, notebooks y pendrives, los aparatos fueron registrados en el momento, sin la posibilidad de que intervengan abogados defensores ni peritos de parte que controlen el proceso, algo que es absolutamente violatorio del derecho a la intimidad y privacidad.
Los hechos se producen luego de la visita realizada la semana pasada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la que se reunieron con la dirigente social Milagro Sala, quien fue internada en el marco de un creciente hostigamiento por parte de las autoridades jujeñas, tanto políticas como judiciales.
La dirigente social está detenida arbitrariamente hace casi 7 años y es perseguida en una decena de causas penales sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica.
La Secretaría de Derechos Humanos exhorta a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia.
El gobernador de Buenos Aires, que ha mantenido cierta distancia de la ex presidenta en las últimas semanas, participará de la marcha programada para el miércoles
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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Las CTA declararon un cese de actividades y una manifestación para el 18 de junio en respaldo a Cristina Kirchner, en oposición a su proscripción y en defensa de la democracia. Asimismo, criticaron el avance de un modelo neoliberal que se fundamenta en el ajuste, la exclusión y la persecución política.
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El 19 de junio, familiares y amigos conmemorarán el tercer aniversario de la detención, tortura y asesinato de Ezequiel Castro en el Hospital Misericordia. El acto busca exigir justicia y visibilizar las violaciones de derechos humanos en el sistema de salud mental.
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