El gremio estatal se declaró en estado de alerta y movilización tras el anuncio de una nueva mesa política nacional presidida por Milei. Catalogó de "inaceptable" la respuesta oficialista a los resultados en Buenos Aires.
Tras el veto presidencial a leyes clave para jubilados y personas con discapacidad, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que garanticen el quórum parlamentario para su rechazo. “Es una oportunidad para empezar a revertir la crisis de representación”, advirtió.
El Gobierno nacional se reunió con todos los gobernadores en una larga sesión en la Casa Rosada. Allí se acordó presentar y aprobar en el Congreso una nueva Ley de Bases, más breve y con menos de 300 artículos. También se restableció el Impuesto a las Ganancias como contrapartida, lo que significa unos 6.000 millones de dólares anuales para fortalecer las debilitadas arcas de las provincias.
Sin Milei, el Gobierno busca aceitar la relación con las provincias en busca de llegar a un acuerdo que le permita avanzar con las reformas de ajuste que impulsa la administración central.
Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Ricardo Quintela de La Rioja, Alberto Weretilneck de Río Negro, Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, condenaron la presencia del británico en Puerto Argentino.
El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, indicó: "Nuestro rol hoy no es de gobernar (la nación) pero vamos a acompañar" a Milei. El dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba destacó: "Los argentinos votaron y nosotros no tenemos que poner piedras ni palos en la rueda, tenemos que apoyar y cuidar los intereses de Argentina"
Gobernadores firmarán este el mediodía con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el inicio de "obras troncales muy importantes para la Argentina", en el marco de una reunión con la funcionaria que será a "agenda abierta".
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.