El gremio estatal se declaró en estado de alerta y movilización tras el anuncio de una nueva mesa política nacional presidida por Milei. Catalogó de "inaceptable" la respuesta oficialista a los resultados en Buenos Aires.
Tras el veto presidencial a leyes clave para jubilados y personas con discapacidad, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que garanticen el quórum parlamentario para su rechazo. “Es una oportunidad para empezar a revertir la crisis de representación”, advirtió.
El Gobierno nacional se reunió con todos los gobernadores en una larga sesión en la Casa Rosada. Allí se acordó presentar y aprobar en el Congreso una nueva Ley de Bases, más breve y con menos de 300 artículos. También se restableció el Impuesto a las Ganancias como contrapartida, lo que significa unos 6.000 millones de dólares anuales para fortalecer las debilitadas arcas de las provincias.
Sin Milei, el Gobierno busca aceitar la relación con las provincias en busca de llegar a un acuerdo que le permita avanzar con las reformas de ajuste que impulsa la administración central.
Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Ricardo Quintela de La Rioja, Alberto Weretilneck de Río Negro, Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, condenaron la presencia del británico en Puerto Argentino.
El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, indicó: "Nuestro rol hoy no es de gobernar (la nación) pero vamos a acompañar" a Milei. El dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba destacó: "Los argentinos votaron y nosotros no tenemos que poner piedras ni palos en la rueda, tenemos que apoyar y cuidar los intereses de Argentina"
Gobernadores firmarán este el mediodía con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el inicio de "obras troncales muy importantes para la Argentina", en el marco de una reunión con la funcionaria que será a "agenda abierta".
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.