Este 7 de junio es uno de los peores días de los y las periodistas para quienes trabajamos en esta profesión. A los salarios de pobreza que reclamamos desde año y en cada paritaria, que genera precarización laboral y pluriempleo, se suma un ataque a la libertad de expresión sin precedente en democracia.
En uno de los momentos más difíciles para el trabajo periodístico con un alto índice de precarización, violencia y promoción del odio hacia el trabajo periodístico, este 7 de Junio se conmemora el Día de las y los Trabajadores de Prensa. Desde el Cispren instamos a la construcción colectiva y consolidarnos como fuerza transformadora para cambiar la realidad.
Un relevamiento realizado por Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista (PAR) revela el avance de la precarización laboral y la reducción de la agenda de género en los medios de comunicación, en un contexto de retroceso de derechos y aumento de la violencia simbólica. El informe, basado en testimonios y datos de 55 profesionales de todo el país, alerta sobre el impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información de mujeres y diversidades.
Los datos arrojados por la encuesta realizada por el Observatorio de la Palabra Democrática indican que un 68 % de les encuestades cobran por debajo de la línea de pobreza y el 8,69 % ha sido maltratadx, destratadx, violentadx por su identidad de género o sexual. Un 60,89 % observa que en los medios de comunicación hay “mucha” reproducción de los discursos de odio, al tiempo que el 86,95 % reconoce la existencia de un periodismo militante y un 73,92 % que existe un periodismo del lawfare.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.