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Un plan de lucha intercentral para febrero
En la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicatos de las dos CTA y de la CGT definieron un plan de lucha conjunto “para fortalecer la unidad del campo popular” frente a la reforma laboral que busca aprobar el Ejecutivo nacional. La hoja de ruta incluye una movilización el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y otra el 10 de febrero en Rosario, con el objetivo de visibilizar el conflicto en dos polos industriales y políticos clave del país.
Las organizaciones resolvieron además convocar paros y movilizaciones el mismo día en que el proyecto sea debatido en el Congreso de la Nación, apuntando a incidir tanto en el Senado como en Diputados y a condicionar la posición de gobernadores y bloques legislativos. Según plantearon, pretenden dejar en claro que “los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio en acuerdos” entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Qué cuestionan de la reforma laboral
Los gremios caracterizan la iniciativa oficial como una reforma “regresiva” que, lejos de promover empleo, consolida un modelo de salarios bajos y pérdida de derechos laborales. Entre los puntos más resistidos se encuentran la ampliación del período de prueba de 3 a 6 meses —con posibilidad de extenderlo aún más según el tipo de empresa—, la reducción del costo de las indemnizaciones por despido y la creación de esquemas alternativos de cobertura que reemplazan el sistema tradicional.
El proyecto también introduce cambios en la negociación colectiva, habilitando convenios más flexibles que pueden ampliar jornadas, modificar el esquema de vacaciones y ajustar recargos por horas extra mediante mecanismos como el “banco de horas”. A la vez, redefine el régimen de conflictos en los llamados “servicios esenciales”, fijando niveles mínimos de funcionamiento del 75 por ciento en sectores críticos y del 50 por ciento en ramas estratégicas como salud, energía, transporte, educación, logística y bancos, lo que en los hechos restringe fuertemente el derecho de huelga.
En los documentos internos y comunicados difundidos por las organizaciones, se alerta que el paquete laboral “legaliza la precarización”, facilita despidos en grandes empresas, limita la capacidad de los sindicatos para organizarse y negociar y habilita topes salariales en nombre de la competitividad. Para los dirigentes, se trata de un intento de reconfigurar la relación capital-trabajo a favor de los empleadores, sin instancias de debate democrático real ni consulta a las y los trabajadores.
Unidad gremial y actores presentes
La reunión en la UOM fue encabezada por el secretario general del sindicato metalúrgico, Abel Furlán, quien se convirtió en uno de los articuladores del espacio gremial que reclama una postura más firme frente a la estrategia del gobierno de Javier Milei. Por la CTA Autónoma participaron la secretaria general adjunta, Mariana Mandacovic; la secretaria gremial, Alejandra Angriman; el secretario administrativo, Daniel Jorajuría; el secretario de Finanzas, Jorge Castro; el secretario de Discapacidad, Matías Fachal; y el secretario de Relaciones Institucionales, Rodolfo Kempf.
También formaron parte del encuentro el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, referentes de sectores estatales y de la salud que vienen protagonizando medidas de fuerza frente a los recortes y a la política de ajuste del Ejecutivo. La presencia de sindicatos de las tres centrales (las dos CTA y sectores de la CGT) fue destacada como un dato político relevante, en un contexto en el que los gremios más duros de la CGT presionan para adoptar una estrategia de confrontación más clara contra la reforma.argentina.
El rol de gobernadores y el Congreso
Uno de los ejes del plan de acción será exponer la posición de los gobernadores complices, a quienes las organizaciones señalan como actores clave para el avance o el freno de la reforma laboral en el Congreso. Las movilizaciones de Córdoba y Rosario se proponen, en ese marco, interpelar a los mandatarios provinciales y a sus bloques legislativos sobre el costo social de acompañar los cambios propuestos en materia de indemnizaciones, jornadas y derechos colectivos.
Los sindicatos sostienen que la iniciativa se negocia “de espaldas” al movimiento obrero, en una mesa donde predominan acuerdos políticos y fiscales entre Nación y provincias, mientras se excluye a las organizaciones de trabajadores y a especialistas en derecho laboral. A la vez, advierten que el debate parlamentario será un test central sobre el alcance del programa de reformas del gobierno de Javier Milei y sobre la capacidad del sindicalismo y de otros sectores sociales de articular una respuesta común.
Perspectivas y próximos pasos
De cara a las fechas de febrero, las centrales sindicales anticipan plenarios y asambleas en fábricas, reparticiones públicas y hospitales para discutir el contenido del proyecto y la modalidad de participación en las jornadas de lucha. En paralelo, analizan coordinar con otros movimientos sociales, organizaciones de la economía popular y espacios de defensa de derechos humanos para ampliar la base de apoyo contra la reforma laboral y vincularla con otros debates, como el ajuste del gasto público y la política de seguridad.
Los gremios insisten en que están dispuestos a presentar propuestas alternativas de modernización del mundo del trabajo que incluyan la actualización de convenios y regulaciones para nuevas formas de empleo, pero sin resignar indemnizaciones, negociación colectiva ni derecho de huelga. En ese sentido, el comunicado que difundirán en los próximos días buscará sintetizar tanto la crítica al proyecto oficial como un conjunto de líneas propositivas que, según sostienen, permitirían mejorar productividad y formalización sin deteriorar las condiciones de vida del pueblo trabajador.
