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El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, salió al cruce del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y lo describió como “un mamarracho jurídico” que, de aprobarse, implicará un fuerte retroceso en materia de derechos para los trabajadores. El dirigente advirtió que la iniciativa no solo modifica el régimen de actualización de las sentencias laborales, sino que además abre la puerta a que las indemnizaciones y otros créditos laborales se paguen en cuotas, lo que en los hechos licúa lo que los trabajadores deberían cobrar.
En declaraciones a la radio El Destape, Palazzo puso el foco en el cambio del esquema de intereses para los juicios laborales. Explicó que el proyecto establece una tasa de actualización basada en el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual, pero solo aplicable hacia adelante, sin reconocer adecuadamente el deterioro previo del crédito del trabajador. “Quiere decir que dentro de ocho años va a ser eso”, ejemplificó, al advertir que la combinación de plazos extendidos y una tasa que corre por detrás de la inflación real termina perjudicando a quienes litigan para cobrar lo que les corresponde.
El bancario remarcó además que los juicios iniciados con anterioridad quedarían alcanzados por una tasa de interés que, en términos reales, ha sido negativa en los últimos años. “Quiere decir que ni siquiera vas a cobrar lo que hubiera sido el acompañamiento de la inflación de la deuda que tiene el sector patronal con vos”, señaló, al describir un escenario en el que los empleadores se benefician de demorar los pagos mientras el monto adeudado se deteriora en poder de compra.
Otro de los puntos más cuestionados por Palazzo es la posibilidad que abre el proyecto para que las sentencias judiciales se abonen en cuotas. Según detalló, las micropymes podrían cancelar los fallos en hasta 18 cuotas mensuales, mientras que el resto de las empresas tendría la opción de hacerlo en hasta 12 pagos, siempre que el juez lo disponga. “Es el único crédito obtenido judicialmente que la ley va a permitir que se lo pague en 12 cuotas”, criticó, al plantear que no existe otro tipo de obligación reconocida por la Justicia que pueda cancelarse con ese nivel de laxitud a favor del deudor.
En ese marco, el diputado radicalizó su mensaje hacia el Congreso y apuntó directamente a los legisladores que acompañen la reforma. “Son básicamente unos delincuentes si votan eso”, disparó, al considerar que con su voto estarían avalando un esquema que consolida una fuerte asimetría entre empleadores y trabajadores y que vulnera derechos básicos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales. Palazzo sostuvo que, lejos de buscar un equilibrio, el proyecto habilita formas de precarización y abarata la desvinculación, alentando prácticas abusivas por parte de las patronales.
El dirigente anticipó que, de convertirse en ley, la norma “por supuesto” será judicializada. Señaló que se trata de un texto “mal hecho” desde el punto de vista técnico y con serias dudas de constitucionalidad en varios de sus artículos. Entre las objeciones, mencionó la afectación del principio de indemnidad del trabajador, el incumplimiento del mandato de reparación integral del daño y posibles choques con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen el crédito laboral.
Palazzo también marcó observaciones al trámite legislativo de la reforma. Afirmó que el proyecto incluye materias tributarias e impositivas que, de acuerdo con la Constitución Nacional, deberían haberse originado en la Cámara de Diputados y no en el Senado, como ocurrió en este caso. “Ya lo saben. No hay que explicárselos, vayan a estudiar un poco”, expresó, al cuestionar a los responsables del diseño y el impulso del texto oficial.
Las críticas de Palazzo se suman a las objeciones que ya hicieron llegar abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, quienes vienen advirtiendo que los cambios en materia de intereses y modalidades de pago de las sentencias no se compatibilizan con los estándares fijados por la jurisprudencia y los tratados internacionales. En la misma línea, distintos sectores sindicales consideran que la reforma consolidaría un modelo en el que el costo de los conflictos laborales recaería casi exclusivamente sobre los trabajadores despedidos o precarizados, mientras que el sector empresario vería aliviadas sus obligaciones a la hora de afrontar indemnizaciones.
En paralelo, cámaras empresarias y organizaciones de pequeñas y medianas empresas han manifestado posturas divergentes sobre el proyecto. Algunos espacios patronales ven en la posibilidad de pagar en cuotas un alivio financiero para empresas en situación crítica, pero otros advierten que la reforma, tal como está planteada, puede generar más conflictos judiciales y dificultades de negociación colectiva, al eliminar previsibilidad y alentar la litigiosidad. En ese contexto, el debate legislativo se perfila como uno de los capítulos más tensos del año en materia laboral, con el sindicalismo ya movilizado para frenar lo que considera un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.
