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Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE), junto a Jóvenes por el Clima, se unieron para alertar sobre la intención del Gobierno de Javier Milei de modificar la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias del Congreso, que inician el 2 de febrero. El proyecto ya obtuvo un dictamen exprés en el Senado y representa un grave retroceso en la protección de glaciares y ambiente periglacial. Las organizaciones exigen no avanzar con ningún cambio que debilite la ley vigente.
Críticas a la iniciativa oficial
La modificación traslada a las provincias la definición de qué glaciares y porciones del ambiente periglacial deben protegerse, rompiendo el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales. Esto habilita criterios desiguales para sistemas hídricos que no reconocen límites políticos. El lobby minero celebra la posibilidad de destrabar proyectos extractivos en áreas sensibles.
Argumentos de inconstitucionalidad
El proyecto vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como el principio precautorio y de prevención de la Ley General del Ambiente. También contraviene el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú. Las entidades llaman a rechazar cualquier avance que comprometa estas reservas estratégicas de agua.
Eje de la denuncia
Las ONG señalan que la iniciativa, que ya obtuvo un dictamen “exprés” en el Senado, trasladaría a las provincias la decisión sobre qué glaciares y áreas periglaciares proteger, rompiendo el esquema de presupuestos mínimos ambientales y habilitando criterios desiguales en cuencas hídricas que atraviesan varias jurisdicciones. Sostienen que, en plena crisis climática e hídrica, rebajar estándares significaría poner en riesgo la seguridad del agua para más de siete millones de personas que dependen de esas fuentes para consumo, producción y agricultura.
Argumentos ambientales y científicos
Los especialistas remarcan que Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas y regulan caudales en contextos de sequía, por lo que constituyen reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro. Advierten que el ambiente periglaciar alberga alta biodiversidad y procesos ecológicos claves que exceden los límites políticos, y que dejar en manos de evaluaciones administrativas provinciales el “valor hídrico relevante” de estas áreas es científicamente incorrecto y abre la puerta a su degradación irreversible.
Cuestionamientos jurídicos
Las organizaciones califican el proyecto como “regresivo e inconstitucional” porque, aseguran, vulnera el artículo 41 de la Constitución, el principio precautorio y de prevención de la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú. También advierten que, lejos de brindar seguridad jurídica, la reforma “erosionaría sus bases”, ya que reemplaza criterios técnicos y científicos por presiones coyunturales políticas y económicas, especialmente de grandes proyectos mineros en zonas cordilleranas.
Rol de la ley vigente
Las ONG recuerdan que la Ley de Glaciares, confirmada como constitucional por la Corte Suprema, declara a los glaciares y al ambiente periglaciar bienes públicos y reservas estratégicas de agua. Señalan que la norma ya permitió frenar más de 40 emprendimientos extractivos en áreas protegidas y que, por ello, no requiere cambios sino cumplimiento efectivo, dado que su debilitamiento incrementaría la vulnerabilidad climática, la pérdida de agua y los costos sociales y económicos asociados.
