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Un Presupuesto aprobado entre trampas
En una sesión que se estiró por casi diez horas y terminó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y lo giró al Senado ya amputado de su capítulo más tóxico: el XI, que contenía el artículo 75. Para juntar los números, La Libertad Avanza se recostó sin pudor en el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, mientras Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto y Provincias Unidas se lavó las manos con la abstención.
El resultado formal le permite al Gobierno exhibir el Presupuesto como “prueba” de su equilibrio fiscal, pero el costo político es evidente: el corazón ideológico del paquete –el intento de avanzar contra derechos de personas con discapacidad, la universidad pública, el régimen de zona fría y las actualizaciones automáticas de asignaciones sociales– se desmoronó por la propia torpeza del oficialismo y la presión pública que hizo imposible convalidar semejante atropello sin pagar un precio altísimo.
El artículo 75: extorsión a cielo abierto
El capítulo 11, donde el oficialismo metió, “por la ventana” y a último momento, el artículo 75, fue rechazado en particular por 123 votos contra 117, con solo dos abstenciones, en una votación que la oposición celebró como una derrota emblemática para el mileísmo. Ese artículo pretendía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, además de cargar allí otros recortes sensibles como la restricción de la zona fría y la eliminación de la automaticidad de las AUH, AUE y asignaciones familiares.
No fue un error técnico sino una maniobra deliberada: el oficialismo intentó obligar a diputados y diputadas a convalidar un paquete cerrado, fusionando temas para impedir que se votaran por separado y así esconder, detrás del rótulo de “equilibrio fiscal”, un brutal retroceso en derechos sociales. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro lo definió con precisión como “una extorsión”, y advirtió que quienes acompañaran el artículo 75 incurrían en una violación de la ley de administración financiera, señalando el carácter abiertamente irregular del dispositivo armado en el capítulo XI.noticiasargentinas
Crisis de representación y votos “borocotizados”
La jugada oficialista expuso, además, la crisis de representación y la hipocresía de varios legisladores que marcharon por la universidad y la discapacidad, pero a la hora de votar estuvieron dispuestos a entregar esos derechos para evitar quedar mal con el Gobierno. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de “perversidad” y les reprochó a quienes cambiaron de postura que “borocotizaron” su voto, entregando a jubilados, personas con discapacidad y estudiantes a cambio de migajas de poder o concesiones menores.noticiasargentinas
El caso del santacruceño José Luis Garrido resultó paradigmático: reconoció en el recinto que no estaba de acuerdo con derogar las leyes de Discapacidad ni el financiamiento universitario, ni con tocar la zona fría, pero igual votaría el capítulo “entre la espada y la pared”, creyendo –contra toda evidencia– que sus salvedades verbales lo eximían de responsabilidad. El comentario de Cecilia Moreau (“las salvedades no te salvan”) y las intervenciones de Martín Lousteau, que señaló la anormalidad de votar a favor del capítulo mientras se declama rechazo a artículos centrales, terminaron de desnudar una escena de cinismo legislativo pocas veces tan transparentada en público.
Oficialismo y aliados: “recontra cagarse en la gente”
El discurso crítico no vino solo del kirchnerismo o la izquierda: Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que era perfectamente posible corregir las planillas para no ajustar sobre jubilados y personas con discapacidad. Con ironía corrosiva, calificó al presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”, subrayando que la improvisación nocturna no fue un accidente sino un modus operandi.
Incluso una radical habitualmente alineada con el Gobierno, Karina Banfi, marcó el límite al señalar que no se puede obligar a ningún legislador a votar algo en lo que no cree y que el mecanismo elegido era, directamente, “extorsivo”. La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, lejos de aportar claridad, respondió a las acusaciones con gritos e insultos, exigiendo que “cierren la boca cuando hablan de trampas” y negando cualquier riesgo mientras defendía un capítulo armado, precisamente, como trampolín para colar recortes de madrugada.
El relato del “equilibrio fiscal” frente al ajuste social
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, intentó poner un barniz épico sobre el Presupuesto, vendiéndolo como la llave de un país “grande, con futuro y prosperidad” y celebrando que, según su relato, hacía “120 años” que Argentina no lograba superávit fiscal. El problema es que ese equilibrio no se construye sobre una reforma tributaria progresiva ni sobre grandes contribuciones de los sectores más concentrados, sino sobre recortes que impactan directamente en los sectores más vulnerables, desde la discapacidad y la universidad hasta las asignaciones familiares y los usuarios del régimen de zona fría.
Al caer el capítulo 11, se cayó también el artículo que incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de más de 21 mil millones de pesos al Consejo de la Magistratura. La maniobra boomerang del oficialismo terminó así dinamitando sus propios acuerdos con el PRO y dejando claro que el supuesto “orden fiscal” de Milei descansa en un rejunte inestable de complicidades, operaciones de medianoche y chantajes legislativos que, esta vez, no alcanzaron para avanzar sobre la discapacidad y la universidad pública.
