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Un espacio federal contra la tortura
La 8ª Asamblea Anual del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT), convocada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), reunió este 16 de diciembre a más de 150 participantes de todo el país, entre organizaciones sociales, Mecanismos Locales de Prevención, autoridades de los tres poderes del Estado y universidades nacionales. El encuentro se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” y contó con la presencia de la asesora para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Sara Vera, y delegaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de Brasil y de los mecanismos locales de Río de Janeiro, Rondônia, Sergipe y Paraíba.
En la apertura, el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, definió la Asamblea como un espacio de “construcción colectiva” y reafirmó el compromiso con la defensa de la dignidad de las personas privadas de libertad, incluso en contextos adversos. Subrayó el rol imprescindible de quienes integran y sostienen el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en todo el territorio, destacando el carácter federal y articulado del trabajo.
Alertas por retrocesos y reclamo de articulación
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado para prevenir la tortura, documentarla y combatir la impunidad. Advirtió sobre retrocesos en el contexto actual y reafirmó el rol central de las defensorías públicas en la prevención, la denuncia y el acompañamiento a las víctimas de violencia institucional.
Desde la perspectiva de los familiares de personas detenidas, Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), puso el foco en el impacto humano del encierro, especialmente en el acceso a la salud. Destacó el papel de las familias como actores fundamentales en la prevención de la tortura y llamó a sostener el trabajo colectivo, sumar voces y construir agendas comunes.
Debates en comisiones temáticas
La Asamblea se organizó en cuatro comisiones de trabajo simultáneas, que abordaron distintos ejes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La mesa “Familiares, organizaciones sociales y universidades en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura” analizó la incidencia de las organizaciones sociales, la articulación entre saberes académicos, territoriales y vivenciales, la producción de información y las particularidades de cada territorio, bajo la coordinación de la comisionada del CNPT Natalia Gabellini, Andrea Casamento y la directora de Mecanismos Locales y Consejo Federal, Silvina Irrazábal.
En la mesa “Estrategias para la investigación, documentación y litigio en casos de tortura” se discutieron los principales obstáculos judiciales, como la subcalificación de los hechos, la falta de protección a víctimas y testigos y las demoras estructurales. También se presentaron estrategias impulsadas por el CNPT para fortalecer el encuadre jurídico, la documentación y la debida diligencia, en un espacio moderado por el comisionado Kevin Nielsen y el director de Litigios Estratégicos y Cooperación del Sistema Universal de Derechos Humanos, Gonzalo Evangelista.
Trabajo, educación y salud mental en agenda
Otra comisión, “Educación y trabajo en contexto penitenciario y postpenitenciario”, se centró en las barreras estructurales que limitan el acceso a la educación y al trabajo de las personas privadas de la libertad y su impacto en la progresividad de la pena. El debate, coordinado por la comisionada del CNPT Josefina Ignacio, el Procurador Penitenciario Adjunto Ariel Cejas Meliare y la directora de Políticas para la Prevención Mercedes Duberti, resaltó el valor de las experiencias impulsadas por organizaciones y universidades nacionales para ampliar derechos e inclusión social.
La mesa “Salud mental, inimputabilidad y problemáticas asociadas” abordó las tensiones entre el sistema penal y el sistema de salud mental, la falta de lineamientos claros y las internaciones prolongadas derivadas de decisiones judiciales. Se identificaron desafíos éticos, jurídicos y sociales que exigen reformular políticas y construir respuestas integrales, compatibles con los marcos normativos vigentes y una perspectiva contemporánea de salud mental, en una comisión coordinada por el comisionado Gustavo Palmieri y la directora de Visitas de Inspección, Rosario Gauna Alsina.
Plenario, conclusiones y actores presentes
En la Asamblea plenaria se abrió un espacio de diálogo colectivo para analizar desafíos y definir estrategias orientadas a fortalecer el SNPT. Entre las propuestas, se destacó la necesidad de humanizar y sensibilizar a la sociedad sobre las condiciones de la privación de la libertad, reforzar el contacto de las defensorías con las personas detenidas, profundizar la articulación federal entre organizaciones sociales y poner especial atención en las condiciones de vida en regímenes de alto perfil.
En el cierre, Irrazábal enfatizó que la continuidad y fortalecimiento del SNPT dependen del compromiso sostenido de mecanismos locales, organizaciones sociales y universidades nacionales que trabajan articuladamente en todo el país. Reivindicó el carácter colectivo y transitorio de los roles institucionales y la responsabilidad ética de quienes, muchas veces sin reconocimiento inmediato, sostienen la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad, inscribiendo el trabajo del SNPT en una construcción de largo plazo orientada a consolidar una conciencia social contra la tortura.
Un entramado amplio de instituciones
Además de las autoridades ya mencionadas, por el CNPT participó su secretario ejecutivo, Alan Iud. La Asamblea reunió representantes de mecanismos provinciales de Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, Tucumán, Chubut, Neuquén, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, junto a organismos del sistema de justicia y de control como la Defensoría General de la Nación, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, PROCUVIN, DOVIC, la Procuración Penitenciaria y la Procuración de Personas Privadas de Libertad de Mendoza.
También estuvieron presentes áreas de los tres poderes del Estado, entre ellas la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, las subsecretarías de Derechos Humanos de Buenos Aires y La Pampa, la Dirección de Políticas Post Carcelarias, el Ministerio de Seguridad de Tucumán y la Municipalidad de General San Martín. A ello se sumó un amplio arco de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos –APDH, CELS, Amnistía Internacional, ACiFaD, OFUAID, Bandada Feminismos entre Rejas, Mujeres Tras las Rejas, ANDHES, Xumek, asociaciones contra la violencia institucional, redes por derechos humanos en contextos de encierro, entre muchas otras– y universidades y espacios académicos como la UBA, UNSAM, UNR, UNNE, UCASal, la Universidad del Salvador, el INECIP, el CONICET y la Fundación Espartanos, consolidando un espacio plural de intercambio entre Estado, academia y sociedad civil.
