Blindaje. Amplios repudios a la censura judicial sobre audios de Karina Milei

La decisión del Gobierno nacional de recurrir a la Justicia para impedir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, desató una ola de críticas transversales que atraviesa todo el arco político y mediático. La medida se enmarca en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y es percibida como un atanque a la libertad de prensa y la instauración de un mecanismo de censura previa.

El Colectivo Más Democracia repudió enérgicamente el ardid autoritario de la Justicia para impedir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, como asi tambien la iniciativa de intentos de allanamiento a las redacciones y domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, promovidos por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida judicial, autorizada por un juez civil y comercial con denuncias de acoso sexual, busca requisar tanto lugares de trabajo como viviendas particulares de ambos comunicadores.

Tambien rechazo la Intimidación con métodos del pasado que ejrece el milesimo; Más Democracia denunció que la intimidación se intensificó durante el fin de semana cuando apareció un Ford Falcon verde estacionado frente al domicilio de Jorge Rial. interpretando este hecho como una clara señal de amedrentamiento que evoca los métodos represivos utilizados durante la última dictadura militar.

El SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires -acuso al gobierno de criminalizar a la prensa con allanamientos ilegales. Los recientes allanamientos realizados por el gobierno han sido criticados por violar el derecho a la protección de la fuente periodística. La jurisprudencia ha rechazado históricamente este tipo de acciones, al considerar que deben protegerse los archivos, comunicaciones y materiales que pertenecen a medios y periodistas.

El Cispren  - Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba - repudió las acciones del Gobierno Nacional al querer criminalizar a la prensa y sostuvo que atacar la libertad de expresión es un ataque a la democracia

La oposición política se pronuncia
Los dirigentes opositores no tardaron en expresar su rechazo a la medida judicial. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, fue contundente en sus declaraciones: "Las confesiones de delitos que deben salir en esos audios de Karina para que el gobierno le haya pedido a sus jueces censura previa, mamita querida!".

El senador radical Martín Lousteau fue aún más específico en sus críticas, calificando el pedido de allanamiento a un canal y periodistas por parte de la ministra Patricia Bullrich como "un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia". Lousteau señaló que la medida "busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad".

El legislador radical también recordó que "la libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución" y subrayó una contradicción histórica, mencionando un allanamiento similar que la propia Bullrich había criticado en 2014.

Desde el bloque de Unión por la Patria en Diputados, su presidente Germán Martínez calificó la medida como "escandalosa" y sostuvo que "avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión".

La izquierda también se sumó a las críticas. Miryam Bregman denunció que "un gobierno desesperado impone censura previa a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas como Mauro Federico, Jorge Rial y al canal Carnaval Stream".

Otros dirigentes como Esteban Paulón y Florencia Carginano coincidieron en señalar la afectación al derecho a la información y cuestionaron directamente la conducta de la hermana del Presidente.

El mundo periodístico se une al rechazo
Las críticas no se limitaron al ámbito político. Voces del periodismo, incluso aquellas tradicionalmente opositoras al kirchnerismo, también cuestionaron la cautelar judicial.

Eduardo Feinmann, periodista miliesta, fue categórico en su posición: "Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la Constitución y de una democracia sana".

Luis Novaresio, cercano al oficilismo mileista, optó por la ironía para criticar la situación: "Un juez, Alejandro Maraniello, evalúa allanar un medio de comunicación y prohíbe difundir audios que no conoce. Si eso no es censura previa, quememos los libros de derecho constitucional".

El periodista de CNN, Nacho Girón, agregó un elemento adicional de controversia al recordar las denuncias que pesan sobre el magistrado interviniente: "El juez Civil y Comercial Federal que frenó la difusión de los audios de Karina Milei tiene un problemón: una empleada denunció a Alejandro Maraniello por obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenazas de despido y el Consejo de la Magistratura lo está investigando".

Desde el oficilista TN, Manu Jove destacó una contradicción en la estrategia del oficialismo: "Karina Milei se presentó en la Justicia para solicitar la cautelar que impide difundir los audios que le atribuyen. Es un doble juego entre no reconocer su veracidad y asegurar que fueron grabados ilegalmente en Casa Rosada".

Un debate sobre límites democráticos
El rechazo generalizado a la medida judicial volvió a poner en el centro del debate público la tensión entre el derecho a la información y las acciones del Gobierno para proteger a la hermana del Presidente en medio del escándalo de corrupción que la salpica en ANDIS.

La reacción incluyó voces de todos los espacios políticos y mediáticos, evidenciando una preocupación compartida por el impacto de la medida en la libertad de prensa y el secreto de las fuentes, pilares fundamentales del sistema democrático.

La controversia se produce en un momento en que la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad mantiene en vilo al Gobierno, y cuando la figura de Karina Milei, considerada una de las personas más influyentes en el entorno presidencial, se encuentra bajo la lupa pública.

La medida judicial, lejos de acallar el debate, parece haberlo intensificado, convirtiendo el caso en un test sobre los límites del poder y la vigencia de las libertades democráticas en el país.

Pronunciamiento de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La organización denunció que se trata de un acto de censura previa, incompatible con la Constitución y tratados internacionales.

La resolución judicial responde a un pedido de Milei, quien alegó que los audios podrían haber sido obtenidos ilegalmente dentro de la Casa Rosada y que su difusión busca dañar su imagen y la del gobierno. Sin embargo, FOPEA remarcó que los funcionarios públicos no pueden reclamar protección preventiva sobre actos realizados en espacios oficiales.

En paralelo, el organismo alertó sobre la gravedad institucional del pedido de allanamiento al canal de streaming Carnaval, solicitado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según FOPEA, estas acciones representan una amenaza al libre ejercicio del periodismo y podrían tener un efecto intimidatorio sobre la prensa.