La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) iniciaron hoy un acampe permanente en la explanada de Tribunales II para exigir la liberación inmediata de Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, quien permanece detenido desde el pasado 25 de agosto por orden del fiscal provincial Ernesto De Aragón.
01 de septiembre de 2025
Sures Noticias
Sindicatos se movilizan en Córdoba para repudiar lo que califican como "criminalización de la protesta" tras la detención del secretario general de ATE Córdoba
La medida de fuerza cuenta con el respaldo del secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien anunció un paro nacional con movilizaciones y protestas en todo el país. "Venimos a repudiar esta detención arbitraria que forma parte de una clara política de criminalización de la protesta social", declaró Aguiar en rueda de prensa.
La convocatoria ha logrado una amplia adhesión a nivel nacional. Delegaciones de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, Mendoza y San Luis viajaron especialmente para sumarse a la protesta. A nivel provincial, participan seccionales de Cruz del Eje, Traslasierra, San Francisco, Río Tercero, Villa María, Río Cuarto y Adelia María.
Los hechos que derivaron en la detención
Giuliani fue arrestado el 25 de agosto durante una protesta pacífica que ATE, la CTAA y la Federación Nacional de Trabajadores (FNAT) realizaban en las dependencias de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba. Los manifestantes reclamaban la reanudación de la distribución de alimentos en comedores comunitarios de barrios populares, servicio que había sido interrumpido por la comuna.
El dirigente sindical sufrió lesiones graves en uno de sus brazos durante la represión policial, que también se extendió contra periodistas que cubrían los hechos. En total, 14 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente fueron liberadas. Solo Giuliani permanece en el Penal de Bower.
Entre los detenidos se encontraba también César Theaux, abogado y secretario de Derechos Humanos de ATE Córdoba, quien ejercía funciones como letrado de la CTAA, y un trabajador de prensa de ATE que había presentado su acreditación ante las fuerzas policiales.
Críticas al gobierno provincial
Los organizadores del acampe apuntan directamente contra el gobernador Martín Llaryora y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a quienes acusan de implementar políticas represivas en sintonía con las directivas nacionales del gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
"Quinteros demostró que desconoce cómo garantizar el libre ejercicio de la protesta que consagra la Constitución Nacional", señalaron desde ATE. La organización sindical considera que el operativo fue "desmedido y desproporcionado", especialmente por haberse extendido contra trabajadores de prensa debidamente acreditados.
La vigilia continúa
El acampe incluye la realización de una olla popular y un "abrazo" simbólico al edificio de Tribunales. Los manifestantes establecieron una vigilia permanente que mantendrán hasta lograr la liberación del dirigente sindical.
La protesta cuenta con el apoyo de diversas organizaciones del campo popular y activistas de derechos humanos, quienes ven en este caso un símbolo de lo que consideran una escalada represiva contra la protesta social en la provincia de Córdoba.
La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos estatales, particularmente en torno a las políticas sociales y la distribución de alimentos en sectores vulnerables de la población.
Adhesiones:
El Movimiento Popular La Dignidad expresó su solidaridad con los manifestantes reprimidos y detenidos recientemente, exigiendo la liberación inmediata de Federico Giuliani. La organización denunció lo que considera "persecución política" y violación de derechos constitucionales.
En el comunicado, critican al gobierno nacional por reprimir manifestaciones que reclaman necesidades básicas y califican la gestión como "fascista y destructora de derechos". También cuestionan al gobernador cordobés Martín Llaryora, acusándolo de ser funcional al gobierno nacional pese a mostrarse opositor.
El movimiento considera que los ataques contra ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) representan una agresión al conjunto de la clase trabajadora y reafirmaron su apoyo a la lucha sindical.
La Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, Santa María y Bialet Massé repudió enérgicamente la represión policial contra referentes de la CTA y exigió la liberación inmediata de Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba, quien resultó lesionado durante el operativo.
El incidente ocurrió en el marco de una manifestación pacífica que reclamaba alimentos para los sectores más vulnerables de las barriadas cordobesas. La organización calificó como "brutal e injustificada" la respuesta policial ante lo que consideran un reclamo legítimo por necesidades básicas.
En su comunicado, la Mesa de Derechos Humanos criticó que frente al crecimiento de la conflictividad social se responda con "autoritarismo y violencia" en lugar de diálogo democrático. Exigieron una investigación exhaustiva para identificar a los responsables materiales e intelectuales del operativo represivo.
La organización responsabilizó por la integridad física y psicológica del dirigente sindical al Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, al gobernador Martín Llaryora, al intendente Daniel Passerini y al Poder Judicial. El comunicado concluyó con las consignas "El hambre es un crimen" y "Violencia institucional y represión, NUNCA MÁS".
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.
El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
