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Exigen "Respeto a la protesta pública".
El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba rechazó el proyecto de ley del gobierno de Córdoba que pretende, en sintonia con el gobierno de Milei, cercenar el derecho humano a la protesta garantizado por la Constitución
El rechazo al proyecto de Ley presentado por la Legisladora Nadia Fernández (HUpC) lo fundamentan en las numerosas disposiciones de leyes internacionales, junto a las propias constituciones nacional y provincial que garantizan el derecho a peticionar ante las autoridades.
Las pretendidadas modificaciones de la Ley 10.326 bajo la denominacion de "Respeto a la tranquilidad pública" impulsan sancionar supuestos "Desórdenes, alteración e interrupción del tránsito y Escándalos Públicos", con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que, por cualquier motivo o invocación, sin autorizacion de la autoridad competente", alteraren o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos. y agrega que la sanción se elevará al doble si afectare el paso por avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajeros,
La modificacion de la ley 10.326 preve que toda falta da lugar a una acción pública inmediata que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la policía o autoridad competente, de esta manera queda sujeto al arbitrio la aplicacion de esta norma de las autoridades actuantes sin intervencion de la justicia. Repudiamos la propuesta de encarcelar arbitrariamente a quienes se manifiesten ejerciendo un derecho constitucional, señalaron en un comunicado
Y agregan: La autora del proyecto aclara que es indudable que el derecho de peticionar a las autoridades es un derecho inalienable establecido en la Constitución Nacional (art. 14) y Provincial (art. 19 inc. 9)., tras carton lo restringe "No obstante ello, también es una realidad incontrastable que los reclamos que pretendan hacerse a las autoridades de cualquier orden (nacional, provincial o municipal) no deben cercenar irrazonablemente otros derechos también garantizados (la libre circulación, el derecho a trabajar, etc.)"
Alertan sobre La insensibilidad social manifiesta en el proyecto de ley es tal que la iniciativa impulsa Igual sanción para quien, en ocasión de hurgar los contenedores de basura o elementos similares, removiere de su interior los escombros, residuos o basura de cualquier naturaleza u origen, domiciliarios o no, ensuciando el espacio público o privado en el que aquellos se encuentran.
Afirman que la crueldad no solo es solo patrimonio del gobierno de Milei , el cordobesismo tambien la tiene.
No es la primera vez que el gobierno de Córdoba aplica recetas represivas en sus dipociones y accionar, la propia Ley10.326 (Codigo de convivencia ciudadana de la Provincia de Córdoba) ya es una muestra de ello, recordamos que fue este gobierno quien implemento por primera vez, y en Córdoba Capital, el protocolo represivo de Bullrich en diciembre del 2023, fue este gobierno que proceso a dirigentes sociales, y ayer fue la policia de este giobierno quein bloqueo la marcha del Colectivo Ni Una Menos el dia de ayer.
Rechazo de las centrales obreras
Las centrales sindicales de Córdoba -CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A- y UTEP expresaron su repudio y rechazo al proyecto de Ley presentado por la Legisladora Nadia Fernández (HUpC) y a las expresiones vertidas por el Ministro de Seguridad de la provincia quien cuestionó a la Justicia, a la vez que solicitó una ley que regule el derecho a la expresión y a la protesta. O, lo que es lo mismo, dar vía libre a la represión. Inadmisibles expresiones antidemocráticas y anticonstitucionales. A lo que hay que agregar que los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional.
Señalan en su rechazo al proyecto del Ejecutivo Provincial fundamentado en algunas de las siguientes consideraciones de carácter enunciativo y no excluyente: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que "las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva.
Agregan: en los últimos años, los Relatores de Naciones Unidas también incluyeron en sus informes a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica. Las altas cortes nacionales e internacionales han interpretado que el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia. La protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos".
Ademas indican que el Bloque Legislativo de HUPC y el Ministro de Seguridad deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del gobierno nacional está produciendo en todos los aspectos de la vida de las y los argentinos. Y de la que Córdoba no es ajena en absoluto. Los salarios de hambre, derechos vulnerados, condiciones laborales precarias, pobreza y hambre, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, despidos, suspensiones, destrucción de la industria nacional, crisis en la educación y la atención de salud, decisiones que afectan la soberanía, etc. son la inagotable lista de causas que llevan a la protesta y a las movilizaciones. Aplicar ese plan sólo puede hacerse con persecución y represión brutal como se exhibe, semana a semana, contra las y los jubilados.
Advierten que el Decreto que pretende cercenar el derecho de huelga completa el panorama. Aunque, nuevamente, ha sido frenado por una medida de la CGT en la justicia nacional.
Por último sostienen que el Ministro de Seguridad propone que la Legislatura local aborde la represión de las expresiones constitucionales y una legisladora del bloque oficialista recoge el guante. Desconociendo la historia de lucha del movimiento obrero de Córdoba. Y olvidando que existe una ley, aprobada en ese ámbito, donde se incorporó al Cordobazo como el "Día de las Luchas Populares" y como tema curricular en la educación formal. Un verdadero absurdo.
