Determinaron penas para seis miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el segundo juicio armado por "usurpación en Villa Mascardi".

Este lunes 26 de mayo, el juez Alejandro Silva determinó las penas para seis miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el segundo juicio por "usurpación en Villa Mascardi".

El juez del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva, impuso penas de ejecución en suspenso que van de 2 años y 6 meses de prisión a seis integrantes de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, hallados coautores de los delitos de usurpación por la ocupación del antiguo hotel de Parques Nacionales en Villa Mascardi y de dos propiedades . Las penas máximas, de 2 años y 6 meses, fueron impuestas a Jéssica Bonefoi (quien ya había sido condenada anteriormente por otro hecho de "agresión" a una agente policial) y a Matías Santana. El juez dictó la inmediata libertad para Santana, poniendo fin a su prisión domiciliaria y unificando su pena con otra sentencia previa, resultando en una pena única de 3 años de prisión en suspenso.

Asimismo, el juez sentenció a Luciana Jaramillo y Romina Rosas a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso. Ambas ya habían sido condenadas el año pasado en el caso original de usurpación. La machi Betiana Colhuan Nahuel fue condenada a 2 años y 2 meses en suspenso, mientras que Celeste Ardaiz Güenumil recibió una pena de 1 año en suspenso, pues solo estuvo implicada en uno de los hechos de este juicio. 

El juez además ordenó que los acusados cubran los costos del juicio y cumplan con pautas de conducta que incluyen la prohibición de acercarse a las propiedades privadas ocupadas y al personal de Parques Nacionales.

En cuanto al rewe, el juez rechazó la solicitud de reposición de Parques Nacionales y la fiscalía, justificando que era una decisión de un juzgado federal de Bariloche en otro caso.

Este segundo juicio abordó hechos de usurpación diferentes
Este segundo juicio oral contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu comenzó a finales de febrero y se extendió hasta hoy, cuando el magistrado desestimó el pedido de sobreseimiento para la machi Betiana Colhuán Nahuel y las objeciones de las defensas que argumentaban posible doble juicio por los mismos hechos, ya que el año pasado se llevó a cabo el primer juicio en la causa madre de la usurpación de terrenos de Parques Nacionales en Mascardi, en el cual algunos de los imputados ya habían sido condenados.

El expediente analizó la ocupación del exhotel IOS de Parques Nacionales y las propiedades privadas Los Radales y La Escondida, que ocurrieron entre 2018 y octubre de 2022, cuando se llevó a cabo el desalojo ordenado por la jueza subrogante Silvana Domínguez. El fiscal Rafael Vehlis Ruiz había propuesto una pena de 4 años de prisión efectiva para cinco de los acusados, como coautores de usurpación, y 2 años de prisión en suspenso para Ardaiz Güenumil, quien solo fue acusada de participar en uno de los incidentes. Las querellas solicitaron penas máximas de 3 años.

“Vamos a seguir volviendo a nuestros territorios”

Cuatro de los acusados, Jaramillo, Rosas, Ardaiz, Santana y Colhuan Nahuel, se expresaron antes de que se diera a conocer el veredicto, defendiendo sus acciones bajo la premisa de la “recuperación territorial” de los pueblos originarios “despojados” y denunciando “persecuciones”.

“Para nosotros volver a nuestro territorio no es un delito. Continuaremos retornando a nuestros territorios, sin importar lo que suceda con nosotros”, advirtió Jaramillo, mientras que la machi pidió la restitución del espacio del rewe, considerado “sagrado”. Santana destacó que en este caso “no hay pruebas reales y concretas que sustenten este juicio por usurpación”, y otras mujeres acusadas hablaron de “abuso” y de “farsa” al ser llevadas a juicio. Asimismo, plantearon al magistrado que su decisión de condenarlos era de carácter “político” o “hacer historia” al entender la cosmovisión mapuche. El juez leyó la resolución de la sentencia y el 30 de mayo ofrecerá los fundamentos de la misma.

Posicion de la Gremial de Abogados de Argentina

Para la Gremial de Abogados de Argentina: La causa contra la Comunidad Winkul es un juicio político, sostienen que el proceso judicial contra la Comunidad Winkul es un "juicio político" y califica la causa como "trucha y armada", diseñado para desalojar a la comunidad.

La organización señala que, en 2017, el entonces presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llevaron a cabo operaciones que resultaron en la muerte de Rafa Nahuel y heridas a Gonzalo Coña y Johana Colhuan. A pesar de estos intentos, la comunidad logró mantener su territorio.

Durante la administración anterior, bajo el mando de la ministra Sabina Frederic, hubo intentos de mitigar la represión y la violencia. Sin embargo, el cambio de gobierno y la presión de sectores supremacistas llevaron a un incremento de la criminalización de la Comunidad Winkul.

En 2022, el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Fernández y Aníbal Fernández como ministros, reinició ataques contra la comunidad. La Gremial denuncia que el proceso judicial estuvo marcado por la complicidad del sistema judicial, donde jueces y fiscales actuaron en contra de intereses comunitarios.
Las acusadas enfrentaron un tratamiento inhumano, incluyendo traslados encadenados y abusos durante su detención. La Gremial destaca que el actual gobierno ha puesto en bandeja el camino para que nuevos actores políticos, como Javier Milei y Patricia Bullrich, continúen con una agenda racista.

A pesar de la adversidad, la Gremial manifiesta que presentaron una resistencia significativa. Afirman que la defensa presentó pruebas contundentes que evitaron condenas más severas, aunque la sentencia final ha sido adversa para la comunidad y sus representantes.

Sobre la situación del Rewe, se decidió mantener su conservación bajo la custodia de Parques Nacionales. Cualquier resolución sobre su remoción deberá tramitarse en un incidente judicial en Bariloche.
Por el momento, todas las acusadas permanecen en libertad hasta que la sentencia sea firme, y no hay deudas que pagar, ya que todos los fallos están en apelación.