Piden juicio para Eduardo Belliboni del Polo Obrero, y otras 17 personas acusadas de extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de defraudar al Estado

El fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.

Posición del Polo Obrero

El Polo Obrero denunció ante la ONU la persecución política por parte de Milei y la Justicia

El Polo Obrero presentó una denuncia ante la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, para que intervenga frente a la causa persecutoria que están llevando adelante el gobierno y la Justicia argentina contra dicha organización. La causa está repleta de falsedades y violaciones al derecho a la defensa, ya que guarda el objetivo de desarticular la lucha de los sectores más explotados, y, de ese modo, hacer pasar la ofensiva antiobrera de Milei y los capitalistas.

La presentación, que cuenta con la firma de los compañeros procesados, explica cómo el gobierno, desde la movilización del 20 de diciembre de 2020, eligió como enemigo al movimiento piquetero. Ese día comenzó una campaña de escarmiento amenazando con quitarles el plan social a quienes marcharan. A su vez, patrocinó una línea telefónica para que los manifestantes denunciaran si habían sido obligados a marchar. Lo cierto es que solo se ratificaron tres denuncias contra el Polo Obrero, sin embargo, de las "declaraciones no surgen elementos de convicción que permitan comprobar la acusación por coacción y extorsión".

A pesar de lo inconsistente de la denuncia, "el Estado Nacional Argentino, a través de la justicia federal avanzó sobre las organizaciones sociales, empleando métodos de espionaje y persecución política, con medidas sumamente desmesuradas, como la intervención de líneas telefónicas y 27 allanamientos, contra militantes del Polo Obrero, el FOL (Federación de Organizaciones en Lucha) y Barrios de Pie, todas ellas asociaciones civiles sin fines de lucro que agrupan trabajadores ocupados y desocupados en sus reclamos sociales, con el objetivo de montar una acusación por defraudación a la administración pública, extorsión y coacción contra dichas organizaciones".

Juan Casanello, el juez que lleva la causa, cerró en tiempo récord el período de instrucción a todos los procesados, lo cual fue ratificado por la Cámara de Casación. "Aunque la Cámara de apelaciones dio lugar al recurso de Casación interpuesto por las defensas, la propia Cámara de Casación lo denegó, dejando firmes los procesamientos y dándole un aval al cierre de la instrucción", un atropello completo al derecho a la defensa.

Los cargos que pesan sobre el Polo Obrero son absolutamente falaces. En al carta se señala que "La acusación se sostiene en tres pilares. El primero es la acusación por defraudación a la administración pública por el uso de parte de los fondos de los convenios suscriptos en la gestión anterior de gobierno entre el Polo Obrero y el Ministerio de Desarrollo Social. La justicia interviene aquí a pesar de que los mecanismos administrativos de rendición frente al Ministerio no han sido concluidos, y no existe un dictamen del Ministerio sobre las rendiciones de los fondos. El Ministerio, que no ha finalizado el análisis de la documentación presentada por las organizaciones, opera en cambio como querellante en el expediente judicial escondiendo documentación presentada por las organizaciones e incluso producida por el propio Ministerio, tales como rendiciones de gastos y resultados de las auditorías llevadas adelante en el marco de los convenios por el propio Ministerio. Nuestra defensa ha presentado actas certificadas por escribano público de las compras realizadas y la posesión material de lo comprado y abundante prueba de las actividades llevadas adelante"

"El segundo pilar es la acusación de coacción, que pretende mostrar que quienes se movilizaban con las organizaciones sociales lo hacían obligados. La acusación se apoya en el hecho de que, en la Argentina, buena parte de los programas de asistencia social son el resultado directo de la lucha de las organizaciones de desocupados (...) Pero esto no quiere decir, como sostiene el Ministerio, que las
organizaciones de desocupados pudieran llegar a coaccionar a los beneficiarios de programas sociales. Es que en dichos programas existía libertad de pase, o sea, que cualquier beneficiario podía pasarse de organización. En el caso del Polo Obrero, la libertad de pase de una organización a otra redundó en que más de 20.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo se sumaran a las filas de la organización entre 2020 y 2024. O sea que en lugar de ser una organización de la cual se alejaban los beneficiarios por su carácter coactivo, era un polo de atracción que recibía masivamente nuevos adherentes".

"El tercer cargo del que se nos acusa como militantes del Polo Obrero es el de extorsión, porque, desde sus comienzos, los integrantes de nuestra asociación aportan un 2% de sus ingresos. Este aporte se destina a financiar el funcionamiento de los comedores populares de la organización, a trasladar los alimentos que son entregados por el Ministerio en bocas lejanas a los propios comedores, al pago de
alquileres de los mismos, al pago de anafes de gas, garrafas, ollas, enseres de cocina, elementos de limpieza y seguridad, para poder garantizar su funcionamiento".

Dadas las numerosas arbitrariedades que violentaron las garantías constitucionales y convencionales más elementales que asisten a todo imputado, la defensa solicitó la nulidad del todo el procesamiento. Entre ellas se destacan: la "imposibilidad material de preparar la defensa por falta de tiempo e inaccesibilidad a la totalidad de la prueba"; "Irregularidades en las declaraciones indagatorias"; "Testigos de identidad reservada y la vulneración al derecho de defensa"; "Negativa al ofrecimiento de prueba de nuestra defensa (testimonial y pericial)", entre otras.

Por todo lo descripto, la presentación ante la ONU finaliza afirmando que "El poder judicial argentino se encuentra hoy llevando adelante una causa penal persecutoria por razones políticas contra una organización social, a través de sus miembros, a las claras bajo la dirección y el lineamiento del Poder Ejecutivo nacional en cabeza del presidente Javier Milei".