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Tras las declaraciones de la Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante una jornada de capacitación sobre Derecho Indígena, en Catamarca, la Mesa Nacional de CPI hizo público su repudio a través de un comunicado, señalando: «Sus comentarios, publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, son perjudiciales para los pueblos indígenas y reflejan una ideología adversa a nuestros derechos, tal como están contemplados en la Constitución Nacional y los instrumentos jurídicos internacionales a los que nuestro país suscribe.»
El Convenio 169 de la OIT y el Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) garantizan el derecho de los pueblos indígenas a dar o negar su consentimiento a cualquier actividad que afecte sus tierras, recursos y territorios. Los principios de este consentimiento constituyen un marco que brinda los protocolos, procesos, normas y reglamentos que los pueblos indígenas podemos exigir tanto al Estado como a empresas privadas.
Las autoridades aborígenes señalaron que «Al otorgar todas las prerrogativas a las provincias, ignora el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales, desconociendo así nuestros derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.»
También «malinterpreta el principio de igualdad ante la ley, olvidando que este principio está vinculado al reconocimiento de las diferencias culturales. Los pueblos indígenas tenemos derechos específicos debido a nuestras culturas distintas, y tratarlos como parte de una ´cultura occidental´ simplifica y distorsiona la complejidad de nuestras situaciones.»
«Es evidente que el INAI ha minimizado su rol, delegando competencias a las provincias y restringiendo los derechos indígenas, presentándose como un mero consultor. Esto muestra un retroceso en la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, favoreciendo intereses extractivos sobre los derechos de las comunidades indígenas», afirmaron.
Como antecedente a favor de los pueblos indígenas y como jurisprudencia, recordamos que Argentina debe adecuar sus políticas en materia de derecho indígena, fundamentando que la consulta es vinculante y que su objetivo es obtener el consentimiento de las comunidades. De no ser así, el Estado puede ser demandado, y en este caso, los estados provinciales serían los responsables, como se evidenció en el caso de Lhaka Honhat. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones, resaltaron.
CON LA NUESTRA
«Como Consejo de Participación Indígena, hacemos un llamado a la Dra. Sonia Ochoa a concretar una instancia de rectificación de los conceptos erróneos que está desarrollando en estas capacitaciones, con el agravante de estar ejerciendo un cargo público que sostenemos con nuestros impuestos, a fin de que dé respuesta a la mesa nacional de los CPI por los dichos vertidos y brinde las explicaciones correspondientes.»
EL ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI)
Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75,Inc.17).
Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa.
CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO
«El derecho a la consulta no es un instrumento no vinculante, como afirma la funcionaria del Estado Nacional. Todo lo contrario, el proceso se desarrolla con el fin de obtener o no el consentimiento y es vinculante en todos los casos, por más que las políticas liberales actuales de la gestión a la que ella pertenece intenten día a día cercenar estos derechos mediante manipulaciones, mentiras y cipayismo», afirmaron desde la Mesa Nacional de CPI.
Y advirtieron: «No permitiremos que nuestros territorios sean regalados al mejor postor para engrosar los bolsillos de un par de empresas que solo traen miseria y dolor a nuestros territorios y a nuestra Madre Tierra.»
«Seguiremos resistiendo estas nuevas entregas de tierras y asumiendo que este gobierno para pocos, por más que intente separarse del mundo y no firmar acuerdos internacionales, como el reciente voto negativo que el país tuvo en la ONU sobre el documento que ´Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios´. Estas políticas van en consonancia con la falta de políticas públicas que este gobierno lleva adelante.»
«No resignaremos ni un solo derecho conseguido con la lucha, la sangre y el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas por el derecho a la tierra y a nuestros territorios. No vamos a permitir el avasallamiento, las amenazas ni la inutilidad de funcionarios cipayos. No vamos solo a llamar al diálogo porque no hay un verdadero respeto. Solicitamos la rectificación de este tipo de capacitaciones que tergiversan la realidad e iniciaremos las acciones legales correspondientes por incumplimiento de funciones como funcionarios públicos», concluyeron.
QUIÉN ES SONIA OCHOA?
La abogada Soni Ochoa, fue desginada Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por su rol ejercido durante el gobierno de Morales en Jujuy.
Ochoa estuvo a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de Jujuy, y del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas cuando se desarrolló la represión al Tercer Malón de la Paz, el año pasado. Lugar desde donde, lejos de defender a la población originaria, garantizó la impunidad de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales respecto a la violencia institucional ejercida durante las permanencias en las rutas que realizaron las comunidades que rechazaron los cambios en la Carta Magna provincial jujeña.
Fte; originarios.ar
