El juez Tavip declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación que impone un sistema binario de parentalidad.
Córdoba25 de octubre de 2024
Sures Noticias
El Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación que impone un sistema de parentalidad binario. En consecuencia, admitió que la filiación de una joven quede constituida por sus dos progenitores biológicos como así también por su padre socioafectivo, quien cumplió el rol paterno desde que nació y a lo largo de toda su vida. En la sentencia, el juez Gabriel Tavip sostuvo que la identidad de la joven se encuentra fundada en los lazos afectivos con los tres progenitores.
La acción de pluriparentalidad fue iniciada por la madre de la joven (hoy mayor de edad). Buscaba que agregue en el acta de nacimiento de su hija “Cati” el apellido de su padre biológico, sin que dicho reconocimiento implique desplazar el vínculo filial establecido con el padre socioafectivo.
En la causa, el padre afín explicó que, desde que nació “Cati”, decidió cumplir el rol de padre, incluso, después de confirmar que no era su hija biológica. Expresó que la joven siempre conoció su identidad biológica; pero agregó que esta circunstancia no afectó a su vínculo y siguieron construyendo su relación, aún luego de haberse separado con la progenitora de la adolescente. Además, manifestó su interés en seguir acompañando a su hija y respetar su decisión de incluir el apellido del padre biológico.
Por su parte, el padre biológico se allanó a la acción iniciada y agregó que “desde que realizaron el estudio de ADN con ‘Cati’ lograron una profunda relación” y que “tienen comunicación fluida y comparten muchos momentos familiares”. Asimismo, puntualizó también quiere respetar la voluntad de su hija de no desplazar su actual vínculo filial.
En ese sentido, el juez Tavip explicó que, si bien la socioafectividad no se encuentra prevista como una fuente filiatoria de manera directa, de una interpretación integral de todo el sistema normativo, se deduce. Según su criterio, esto habilita la construcción legal de vínculos al registrar realidades afectivas y vinculares preexistentes que deben ser reconocidas de manera clara y efectiva.
El magistrado analizó diversos derechos constitucionales y convencionales que la adolescente ya tenía consagrados: derecho a la identidad, a la dignidad, a la privacidad/intimidad y a la vida familiar, para concluir que limitar el estado filiatorio de “Cati” a sólo dos progenitores (madre y padre por naturaleza) atentaría contra ellos.
A partir de la entrevista mantenida con las cuatro personas interesadas durante el proceso, de los testimonios aportados y del informe del equipo técnico incorporado, el juez Tavip confirmó una edificación consensuada del grupo familiar. De esta manera, destacó expresamente el positivo desarrollo de la función parental que “sin egoísmos pudieron pensar la mejor forma filiatoria para Cati”. En tal sentido, el magistrado expresó: “Al verla sentada junto a sus dos padres varones, sentí que en sus miradas cabía todo el amor paterno/filial que una persona siempre anhela tener”.
Nombres ficticios
En su resolución, el juez Tavip optó por emplear nombres ficticios para fin de hacer más amena y ágil su lectura, sin que esto lleve a revelar la identidad ni afectar la protección de la intimidad de las personas involucradas en el caso.
Ello en el marco del Acuerdo Reglamentario n.° 1850, Serie “A”, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que busca asegurar la protección de la intimidad de niñas, niños y adolescentes (NNA) mencionados en documentos judiciales cuya publicidad se exige, sin que esto afecte la claridad de las resoluciones.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.