La CGT se sumará a la marcha federal universitaria del próximo 2 de octubre

Las organizaciones que integran la comunidad universitaria resolvieron concretar un paro los días 26 y 27 de este mes y una «marcha federal» al Congreso el 2 de octubre. La CGT se sumará a la convocatoria como lo había hecho el 23 de abril pasado.

Argentina24 de septiembre de 2024Sures NoticiasSures Noticias
8mee7y9g
Foto Press

La CGT se sumará a la nueva marcha que las universidades nacionales realizarán el 2 de octubre próximo en rechazo del anuncio del presidente Javier Milei de aplicación de un «veto total» a la ley de actualización del presupuesto universitario sancionada por el Senado.

La central obrera anunciará su incorporación a esa movilización a través de una conferencia de prensa que se llevará a cabo este miércoles a las 16 horas en la sede de Azopardo 802, informaron fuentes sindicales.

Ante el anuncio de Milei, todavía no concretado, de vetar la norma sancionada el 13 de septiembre último, las organizaciones que integran la comunidad universitaria resolvieron concretar un paro los días 26 y 27 de este mes y una «marcha federal» al Congreso el 2 de octubre.

 
El proyecto sancionado por el Senado obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.

Será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.

Fuente InfoGremiales

Te puede interesar
foto press ilustrativa

El Estado porteño defiende a policías y vigilantes imputados por “gatillo fácil” en Constitución y Lugano

Sures Noticias
Argentina26 de enero de 2026

El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.

Lo más visto
8d28a0f4-400c-4c07-bfa8-c72bad866267

Violencia institucional estatal. Tras 10 años del asesinato de niño Santino Cabanillas su familia reclama justicia

Tri Heredia / Sures Noticias
Córdoba22 de enero de 2026

Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.

Screenshot

Trabajadores del INTI convocan a un "abrazo" contra el cierre de áreas clave de metrología legal

Sures Noticias
Argentina23 de enero de 2026

Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.

foto press ilustrativa

El Estado porteño defiende a policías y vigilantes imputados por “gatillo fácil” en Constitución y Lugano

Sures Noticias
Argentina26 de enero de 2026

El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.