La actividad se realizará este 30 de agosto a las 12 en la sede de la Casa Histórica de la CGT en Av. Vélez Sarsfield 137, con la presencia de la Lic. Liliana Montero Ministra de Desarrollo Humano y la Lic. Tamara Pez, Secretaria de DD HH y Diversidad, ambas del Gobierno de Córdoba.
Córdoba29 de agosto de 2024
Sures Noticias
La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó el 27 de marzo 2024 la Ley Sonia Torres -en homenaje a la titular de Abuelas Córdoba fallecida en octubre pasado- para capacitar en derechos humanos a los agentes de los tres poderes del Estado.
Fue en la primera sesión especial del presente periodo de sesiones, en la localidad de José de la Quintana, departamento Santa María, donde funcionó el ex grupo de Artillería 141.
La Ley Sonia Torres establece en el ámbito de la provincia, la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado- para los tres Poderes del Estado.
La norma establece contenidos mínimos en la materia: principios básicos de DDHH, jurisprudencia, juicios y procesos, sitios de la memoria, violencia institucional, derechos de minorías y genocidios, entre otros aspectos.
El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba será el órgano de implementación de la capacitación.
La ley también prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa, y da un plazo de un año desde su aprobación para su puesta en marcha.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.