Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.
Argentina28 de agosto de 2024
Sures Noticias
Efectivos de la Policía Federal reprimieron en la tarde de este miércoles la protesta de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, donde distintos sectores se movilizaron para rechazar el anuncio del veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de las jubilaciones.
Ataviados con escudos y bastones, los efectivos policiales rociaron con gases lacrimógenos a los jubilados enrolados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), que marchaban junto a organizaciones de izquierda. También avanzaron contra medios de comunicación que se encontraban en el lugar cubriendo los sucesos.
"Nos tiraron gas en los ojos. Es una locura, tristísimo", planteó una jubilada presente en la manifestación en declaraciones televisivas sobre el accionar de la policía.
Se espera que la concentración continúe con una movilización a Plaza de Mayo en repudio al anuncio del Gobierno de vetar a la ley sancionada la semana pasada y por sus haberes.
La protesta se enmarca en una serie de actividades que se realizan todos los miércoles en reclamo a la realidad del sector, pero hoy adquirió mayor convocatoria a raíz del veto presidencial.
La líder de la UTJL, Ana Valverde, aseguró que "marchar con la consigna ‘no al veto’", luego de que Milei "vociferara" que iba a anular la ley; expresó que van a defenderla incluso aunque "no sea la mejor".
"Pretendemos que el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor, indexado mensualmente, y que hoy en día está calculada en 900 mil pesos", sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, remarcó que son "millones de personas jubiladas" que cobran "sobre la base de 225 mil pesos" y que eso no sólo de estar "al borde de la pobreza", sino que los encuentra más cerca de "la indigencia total".
Fuente NA
Córdoba
Rondas al unísono, en Villa Carlos Paz y Córdoba de Jubilados y jubiladas contra el veto de Milei
Carlos Paz
Córdoba Capital
Aproximadamente 2,3 millones de jóvenes de 25 a 35 años residen con sus padres o abuelos debido a la escasez de opciones de vivienda, según lo indica un estudio privado.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato convocó a una reunión informativa para el martes al mediodía. Cabe recordar, que recientemente, a propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada por legisladores cómplices de las políticas negacionistas del gobierno libertario.
El tribunal, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, determinará el destino de Luis Alberto Ramos, acusado de "homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género".
Diputados aprobó la declaración de rechazo al DNU que amplió en 100 mil millones los fondos reservados para inteligencia. Ahora la discusión se traslada al Senado. Una veintena de diputados colaboracionistas del PRO votaron con la oposición.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
Organizada por la Red de Derechos Humanos en Contexto de Encierro Córdoba, la III Jornada se desarrollará el 23 de agosto de 16.30 a 20 hs. en el Auditorio de la Legislatura de Córdoba la jornada tendrá dos momentos: de 16.30 a 17.30, taller-encuentro de la Red y de 18 a 20 hs, conversatorio de cierre.
La política represiva del gobierno de Llaryora va en consonancia con la política represiva de Milei, y de sus antecesores Schiaretti y De la Sota. Once de las muertes por parte del aparato represivo fueron en casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución, o por medio de torturas durante detenciones. Las otras seis fueron en contextos de encierro, afirmaron desde sus redes sociales el Frente Antirrepresivo en Lucha de Córdoba.
El Duo sin Viento junto a Jorge Chacho Marzetti se presentan este viernes 30 de agosto a las 21 hs, con entrada libre y salida a la gorra consciente, en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial: Av. Colón 1559 -B° Alberdi
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a cadena perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre.
El Colectivo "¿Donde está Lichita? denunció ante la opinión pública nacional e internacional un nuevo acto de brutalidad y violencia contra Carmen Villalba y sus compañeras de pabellón en la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Asunción del Paraguay.
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.