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Desde la puesta en marcha del DNU 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad previsional y ató las actualizaciones exclusivamente a la inflación, los haberes jubilatorios acumulan una caída del 27,4% respecto de lo que habrían sido con la fórmula de la Ley 27.609, según un estudio reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ese recorte se convirtió en uno de los pilares del superávit fiscal que exhibe el gobierno de Javier Milei, a costa de una fuerte pérdida del poder de compra de las personas jubiladas.
El informe de CEPA detalla que, tras los aumentos de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en 340,886 pesos, mientras que, de haber mantenido la fórmula anterior, habría llegado a 434,279 pesos, es decir una brecha de 93,393 pesos por mes para cada beneficiario. En dólares, al tipo de cambio paralelo de multas de diciembre, la mínima efectiva quedó por debajo de los 90 dólares, lo que ilustra la magnitud de la pérdida frente al costo de vida ya canastas básicas de referencia.
La fórmula derogada combinaba recaudación de la seguridad social y variación salarial con rezagos que, en contextos de desaceleración inflacionaria, permitían cierta recuperación real de los haberes, mientras que el esquema actual sólo promete no seguir perdiendo, pero bloquea la posibilidad de recomponer lo ya licuado. CEPA subraya que el cambio por decreto se hizo “en el preciso momento” en que la fórmula anterior habría comenzado a mejorar los ingresos, lo que configura, para el centro de estudios, una decisión deliberada de ajuste sobre el sistema provisional.infonews+ 2
La situación es todavía más crítica para quienes cobran la mínima y dependen del bono, que quedó congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024 pese a que, en ese mismo período, los haberes se incrementaron 154%. El resultado es que la mínima con bono aumentó apenas 101%, y para que el refuerzo mantuviera su poder de compra debería haber llegado a 177.485 pesos en diciembre de 2025, por lo que la diferencia de 107.485 pesos mensuales funciona como un recorte encubierto sobre los ingresos más bajos.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en el documento, las jubilaciones que incluyen bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles del último trimestre del gobierno anterior, mientras que, sin bono, el retroceso inicial fue de 26,3%. En términos históricos, el poder adquisitivo actual de las jubilaciones quedó incluso 3% por debajo del promedio de la década de 1990, un período ya registrado por la pérdida de derechos y la consolidación de la pobreza entre personas mayores.
El informe también recuerda que el Poder Ejecutivo utilizó el veto para bloquear intentos parlamentarios de recomponer parcialmente las pérdidas, como la ley sancionada en agosto de 2025 que otorgaba un aumento adicional de 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y actualizaba el bono a 110.000 pesos. De haber aplicado esa norma, el mínimo con bono habría alcanzado los 446.935 pesos en agosto de 2025, nivel que, según CEPA, permitiría recuperar el poder de compra perdido inmediatamente después de la asunción de Milei.
La dimensión social del ajuste se profundiza con el fin de la moratoria previsional que venció en marzo de 2025 y que el Gobierno decidió no prorrogar, pese a las advertencias de especialistas y organismos de derechos humanos. Sin ese instrumento de inclusión, CEPA advierte que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que llegan a la edad jubilatoria no lograrán reunir los 30 años de aportes exigidos, quedando excluidos del régimen general.
Para ese universo, la única opción disponible es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y exige, en el caso de las mujeres, una edad de acceso mayor que la establecida para el régimen contributivo. En la práctica, esto implica institucionalizar un peldaño previsional más bajo para millones de personas, consolidando un esquema de beneficios reducidos y mayor vulnerabilidad frente a la inflación y la pérdida de ingresos laborales en la vejez.
Diversos especialistas en seguridad social y organizaciones de personas mayores vienen alertando que la combinación de la nueva fórmula, el congelamiento del bono y la eliminación de la moratoria pone en riesgo el carácter sustitutivo y protector del sistema previsional argentino. En sus diagnósticos, el modelo actual consolida un ajuste estructural sobre jubilaciones y pensiones que se expresa tanto en la caída del poder adquisitivo como en el aumento de la cantidad de adultos mayores que sólo acceden a prestaciones reducidas o quedan directamente fuera del sistema.
