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“El Estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos”, denunció el sindicato liderado por Sonia Alesso.
Sistema de vouchers
Los denominados “Vouchers Educativos” están dirigidos a familias que envían a sus hijos e hijas a escuelas privadas, que tengan una subvención estatal del 75 por ciento o más y una cuota no superior a los 54.396 pesos. Según se anunció oficialmente, recibirán la mitad del valor de arancel de jornada simple (en base a la cuota base de marzo 2024) para mayo, junio y julio, sin incluir actividades extraprogramáticas y con un tope de 27.198 pesos por estudiante.
El miércoles por la noche, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde informó que, de acuerdo a datos provisorios de la Secretaría de Educación, la cantidad de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas privadas que podrían acceder al voucher sería de casi 2 millones que asisten a más de 6.000 establecimientos de todo el país. El ingreso de la familia debe ser menor a siete veces el salario mínimo, vital y móvil fijado en 202.800 pesos a partir del 1 de marzo, es decir un tope de 1.419.600 pesos.
El Gobierno indicó que las familias que quieran acceder al beneficio tendrán que completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril. Allí deberán consignar su CBU donde se acreditará el dinero e informar el establecimiento educativo al que concurre su hijo/a/s.
“Privatización de la educación pública”
“El voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública”, advirtió Ctera a través de un comunicado y reiteró que “en varios estudios comparativos que han realizado diferentes organismos, el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó. Incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa, (ya que) tal concepto no se corroboró”.
En ese sentido, el gremio argumentó que “en la primacía de la lógica de mercado, para mantener la población escolar y acceder a los subsidios y cuotas ‘voucherizadas’, se modificó la calidad de los proyectos educativos, se flexibilizó la evaluación, se amplió la cantidad de alumnos por curso, se precarizó el trabajo y salario docente, entre otras medidas que nada tienen que ver con una educación de calidad”.
Y agregó: “Ante esta resolución la Ctera vuelve a denunciar la responsabilidad incumplida del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país”.
Repudio desde la UTE
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), uno de los gremios docentes mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires, su secretaria general Angélica Graciano, denunció que “el dinero del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) va para los vouchers”.
“Doble financiamiento para las escuelas privadas, salarios (de docentes) y vouchers. Desvío de fondos y debilitamiento de los programas educativos nacionales. Un modelo que no hace más que profundizar las desigualdades y destruir el derecho social a la educación pública”, advirtió la dirigente sindical a través de su cuenta de la red social X.
