La Confederación General de Trabajadores de la Educación (Ctera) ha rechazado el programa de vouchers educativos implementado por el gobierno nacional, destinado a asistir a las familias que envían a sus hijos a colegios privados, y lo ha denunciado como una "estrategia" del presidente Javier Milei para "promover la privatización de la educación pública".
Argentina22 de marzo de 2024
Sures Noticias
“El Estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos”, denunció el sindicato liderado por Sonia Alesso.
Sistema de vouchers
Los denominados “Vouchers Educativos” están dirigidos a familias que envían a sus hijos e hijas a escuelas privadas, que tengan una subvención estatal del 75 por ciento o más y una cuota no superior a los 54.396 pesos. Según se anunció oficialmente, recibirán la mitad del valor de arancel de jornada simple (en base a la cuota base de marzo 2024) para mayo, junio y julio, sin incluir actividades extraprogramáticas y con un tope de 27.198 pesos por estudiante.
El miércoles por la noche, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde informó que, de acuerdo a datos provisorios de la Secretaría de Educación, la cantidad de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas privadas que podrían acceder al voucher sería de casi 2 millones que asisten a más de 6.000 establecimientos de todo el país. El ingreso de la familia debe ser menor a siete veces el salario mínimo, vital y móvil fijado en 202.800 pesos a partir del 1 de marzo, es decir un tope de 1.419.600 pesos.
El Gobierno indicó que las familias que quieran acceder al beneficio tendrán que completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril. Allí deberán consignar su CBU donde se acreditará el dinero e informar el establecimiento educativo al que concurre su hijo/a/s.
“Privatización de la educación pública”
“El voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública”, advirtió Ctera a través de un comunicado y reiteró que “en varios estudios comparativos que han realizado diferentes organismos, el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó. Incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa, (ya que) tal concepto no se corroboró”.
En ese sentido, el gremio argumentó que “en la primacía de la lógica de mercado, para mantener la población escolar y acceder a los subsidios y cuotas ‘voucherizadas’, se modificó la calidad de los proyectos educativos, se flexibilizó la evaluación, se amplió la cantidad de alumnos por curso, se precarizó el trabajo y salario docente, entre otras medidas que nada tienen que ver con una educación de calidad”.
Y agregó: “Ante esta resolución la Ctera vuelve a denunciar la responsabilidad incumplida del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país”.
Repudio desde la UTE
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), uno de los gremios docentes mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires, su secretaria general Angélica Graciano, denunció que “el dinero del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) va para los vouchers”.
“Doble financiamiento para las escuelas privadas, salarios (de docentes) y vouchers. Desvío de fondos y debilitamiento de los programas educativos nacionales. Un modelo que no hace más que profundizar las desigualdades y destruir el derecho social a la educación pública”, advirtió la dirigente sindical a través de su cuenta de la red social X.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.