Las defensas de Nahuel Morandini y Roque Villegas, que cumplen 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal 1 de Villa Gorriti de Jujuy, comunicaron que hoy a la mañana hubo una audiencia en el Ministerio Público de la Acusación convocada por el fiscal Walter Rondón.
Argentina 26 de febrero de 2024
Sures Noticias
La Coordinadora por la Liberación de Nahuel y Roque comunicó ayer a última hora la novedad, y anunció el cese de su alojamiento carcelario. "A pedido del fiscal mañana (por hoy) cesa la prisión de Nahuel y Roque. Una gran victoria. Ahora vamos por la absolución. Gracias a todas y todos los que militamos por la libertad de expresión, por las libertades democráticas. Para que no haya presos políticos por luchar contra el régimen de opresión y los protocolos represivos", sostuvo.
Lucia, esposa de Nahuel Morandini, anunciando el cese de la prisión preventiva en Urbana Play.
Nahuel Morandini y Roque Villegas han estado en prisión preventiva durante 60 días en la Unidad Penal 1 de Villa Gorriti, Jujuy. Fueron detenidos por publicar mensajes en redes sociales que insinuaban una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
La fiscalía los acusa de dañar psicológicamente a la esposa de Morales y de poner en cuestión la identidad de su hija de dos años12. Hoy, se espera que el fiscal solicite un cambio en sus condiciones de detención y habilite el otorgamiento de la prisión domiciliaria1. Aunque el cese de la prisión preventiva no implica su absolución, es un paso importante en su caso1.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, dijo el jueves pasado que es una "cuestión" de la Justicia jujeña el caso de las dos personas detenidas por replicar en redes sociales posteos sobre el exgobernador Gerardo Morales y su esposa, y manifestó: "No tengo la más mínima participación".
"La verdad que eso es una cuestión que maneja la Justicia. Entiendo que tiene que ver con la afectación de derechos en el niño, pero es una cuestión específica de la Justicia y en ese sentido no tengo la más mínima participación, salvo lo que se conoce", sostuvo Sadir en declaraciones a El Destape Radio.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su repudio y rechazo a la acción que, bajo el pretexto de una "visita humanitaria", envía un mensaje claro a la sociedad. Junto con otras actitudes del gobierno, esto parece legitimar las acciones del terrorismo de estado en nuestra historia reciente. Tambien sumaron su repudio el Partido Nuevo Encuentro de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.