La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, reponen la muestra "Territorios y Conflictos en Córdoba”. Muestra que fue objeto de censura recientemente en la sede de la Legislatura de la Provincia.
Córdoba07 de noviembre de 2018
Sures Noticias
La muestra ponen en evidencia la situación de cuatro conflictos territoriales protagonizada por organizaciones sociales a través de la mirada y obra de fotógrafos y fotógrafas de Córdoba
La muestra se re inauguración será este miércoles 7 de Noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales en Ciudad Universitaria.
A las 16.30 hs. se desarrollará un foro sobre Derechos Humanos y conflictos ambientales con la participación de referentes de los conflictos y lxs propios fotógrafxs. Luego a las 18.00 hs. se dará apertura a la muestra
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Se llevó a cabo una reunión de la comisión de coordinación que definió un plan de trabajo para el próximo año. La entrega se realizará mediante dos eventos públicos, en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado. En la actualidad, el registro de víctimas desaparecidas y sobrevivientes de la UNNE supera los 170. La corrección de los legajos fue sugerida por el MPF como una medida reparadora en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
