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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió a marcarle la cancha al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que éste confirmara la decisión política de aplicar un recorte del 20% en la dotación de personal bajo su órbita a partir de febrero. La medida forma parte del programa de ajuste del Gobierno nacional y se inscribe en el discurso de “achicar el Estado” que el propio funcionario viene reiterando en sus apariciones públicas.
Según estimaciones del sindicato, la reducción podría implicar la pérdida de más de 500 puestos de trabajo sobre un total aproximado de 3.000 empleados que dependen de la Jefatura de Gabinete, que incluye las secretarías de Asuntos Estratégicos, Coordinación Legal y Administrativa, Ejecutiva, Comunicación y Medios, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Turismo. Entre los sectores alcanzados se encuentran áreas técnicas y equipos especializados, como los brigadistas que intervienen en el combate de incendios en la Patagonia, cuya tarea resulta clave en plena temporada de riesgos ambientales.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , fue categórico al rechazar el anuncio oficial y acusó al Gobierno de encubrir con el argumento del ahorro una política de despidos masivos. "Es mentira que quieren ahorrar. No están recortando privilegios, están despidiendo trabajadores y desmantelando el Estado", sostuvo, al advertir que las cesantías "van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad" y reducirán la capacidad de respuesta del sector público frente a emergencias y demandas cotidianas.
Para el dirigente, el recorte no solo implica un ajuste presupuestario sino también un cambio de matriz en la administración pública, con la salida de personal con años de experiencia y formación específica. ATE remarcó que los empleados estatales cuentan con estabilidad laboral y calificó las posibles cesantías como “ilegales”, planteando que, de concretarse, se avanzaría sobre familias enteras en un contexto de inflación alta, deterioro del salario y crecimiento de la pobreza.
En paralelo, desde el entorno de Adorni se insiste en que la Jefatura de Gabinete está “sobredimensionada” y que el recorte apunta a eliminar estructuras duplicadas y reducir el gasto del Estado. El funcionario ya había dado señales en la Secretaría de Comunicación con reestructuraciones y desplazamientos de personal, lo que para ATE anticipa un esquema de reemplazo de trabajadores de planta por cargos de confianza alineados con el oficialismo.
Frente a este escenario, la conducción nacional de ATE resolvió poner en marcha un proceso de deliberación interna y convocar a su Secretaría Nacional para definir un plan de acción . En la mesa se analizan paros, asambleas en los lugares de trabajo, movilizaciones y otras medidas de fuerza en la Jefatura de Gabinete y en dependencias estatales de todo el país, con la posibilidad de coordinar acciones con otras organizaciones sindicales si el conflicto escala.
El gremio advirtió que, de avanzar el recorte del 20%, la conflictividad “rápidamente va a aumentar” y que no se descarta un paro nacional del sector público si el Gobierno mantiene la decisión de profundizar los despidos. “Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel”, subrayó Aguiar, al reclamar una instancia de diálogo real y exigir que cualquier revisión de la planta de personal se haga respetando la ley, la negociación colectiva y los derechos adquiridos.
El conflicto en la Jefatura de Gabinete se suma a otras disputas abiertas por despidos y recortes en distintos niveles del Estado, lo que configura un clima de alta tensión gremial en el inicio del año. En ese contexto, ATE busca instalar el tema en la agenda pública y plantea que la discusión no se limita a la defensa de los puestos de trabajo, sino al modelo de Estado que se pretende construir en medio del ajuste.
