Juan Pablo Quinteros recibió en su despacho del Centro Cívico a la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic; a los dirigentes Miguel Apontes y Néstor Pérez; y al asesor del sindicato en derecho a la información y libertad de expresión, el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe a raíz de los hechos represivos en el Patio Olmos del pasado jueves.
Córdoba26 de diciembre de 2023
Sures Noticias
La audiencia fue solicitada tras la movilización del pasado jueves frente al Patio Olmos contra las medidas de ajuste y en repudio al mega decreto que deroga numerosas leyes y lleva a pérdidas de derechos, y donde la policía detuvo a cinco manifestantes, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del Colectivo Más Democracia y trabajador del medio autogestivo "Enfant Terrible".
El Cispren planteó la necesidad de que las autoridades reconozcan el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren), instrumento que busca reafirmar los derechos laborales específicos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional y prevé la emisión de una credencial a las y los periodistas para facilitar el libre ejercicio del oficio. Se hizo hincapié en los avances que hubo con las anteriores conducciones de la Policía de la Provincia, cuando se acordó cómo identificar a un trabajador/a de prensa y el contacto permanente con el sindicato frente a cualquier situación que involucre a periodistas.
Se resaltó la importancia de la acreditación que otorga el Retrapren, y la necesidad de retomar el trabajo con la Policía y el Ministerio de Seguridad, mencionándose la “capacitación” que brindó el Cispren en 2019 a toda la plana mayor de la fuerza sobre el “derecho a la información y la libre expresión”.
En cuanto a la denuncia de que una mujer policía participó en las marchas con una “pechera identificada de prensa”, el ministro desmintió que se trate de una tarea de inteligencia policial hacia militantes y dirigentes sociales y políticos. Quinteros garantizó al Cispren que se corregirá esta forma y aseguró que la agente realizaba su trabajo para el área de comunicación de la Policía.
Durante el encuentro, se coincidió sobre el clima social y político que reina en Córdoba y el país, que adelanta un aumento de la conflictividad. Quinteros reafirmó que en Córdoba no se aplica el “protocolo” del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se rige por la resolución de la Justicia provincial, a partir de hábeas corpus presentados contra los cortes de calles. El doctor Rodríguez Villafañe sostuvo que tal disposición es “inconstitucional”, porque es facultad de la Legislatura y no de un juez dictar cualquier un protocolo.
El Cispren adelantó que también se solicitará audiencia con el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado
Cabe recordar que el ministro y las autoridades provinciales no hicieron declaraciones respecto de las acciones represivas que sucedieron el jueves a la noche ante el pedido de explicaciones de organismos de DDHH y sectores políticos.
El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión positiva con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, donde abordaron temas clave como el Presupuesto 2026 y la situación fiscal de la provincia. El encuentro marca un cambio de tono en las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional, apostando al consenso y la productividad.
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En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
La Confederación General del Trabajo renovó su conducción en un clima de crisis y tensiones internas, en medio de la avanzada del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y profundas divisiones sobre el rumbo de la principal central sindical del país. Fuerte criticas a la falta de mujeres en las principales cargos; de las 38 secretarias de la CGT, solo tres son titulares, 23 pro-secretarías y 9 co-vocales.
En San Marcos Sierras, Córdoba, vecinos y vecinas protagonizan un acampe en rechazo al avance de un megaproyecto turístico que incluye un hotel-casino con perforaciones profundas, denunciando que extrae agua en niveles que pueden agotar la cuenca hídrica local.
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Un grupo de más de diez compañías del sector, incluyendo a Globant y UALA, han llevado a cabo despidos, a pesar de que el sector contaba con pronósticos favorables. Desde el Gremio de la Computación advierten sobre la elevada desregulación en la industria y anticipan que la situación se complicará aún más debido al fenómeno del "freelance".