Juan Pablo Quinteros recibió en su despacho del Centro Cívico a la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic; a los dirigentes Miguel Apontes y Néstor Pérez; y al asesor del sindicato en derecho a la información y libertad de expresión, el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe a raíz de los hechos represivos en el Patio Olmos del pasado jueves.
Córdoba26 de diciembre de 2023
Sures Noticias
La audiencia fue solicitada tras la movilización del pasado jueves frente al Patio Olmos contra las medidas de ajuste y en repudio al mega decreto que deroga numerosas leyes y lleva a pérdidas de derechos, y donde la policía detuvo a cinco manifestantes, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del Colectivo Más Democracia y trabajador del medio autogestivo "Enfant Terrible".
El Cispren planteó la necesidad de que las autoridades reconozcan el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren), instrumento que busca reafirmar los derechos laborales específicos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional y prevé la emisión de una credencial a las y los periodistas para facilitar el libre ejercicio del oficio. Se hizo hincapié en los avances que hubo con las anteriores conducciones de la Policía de la Provincia, cuando se acordó cómo identificar a un trabajador/a de prensa y el contacto permanente con el sindicato frente a cualquier situación que involucre a periodistas.
Se resaltó la importancia de la acreditación que otorga el Retrapren, y la necesidad de retomar el trabajo con la Policía y el Ministerio de Seguridad, mencionándose la “capacitación” que brindó el Cispren en 2019 a toda la plana mayor de la fuerza sobre el “derecho a la información y la libre expresión”.
En cuanto a la denuncia de que una mujer policía participó en las marchas con una “pechera identificada de prensa”, el ministro desmintió que se trate de una tarea de inteligencia policial hacia militantes y dirigentes sociales y políticos. Quinteros garantizó al Cispren que se corregirá esta forma y aseguró que la agente realizaba su trabajo para el área de comunicación de la Policía.
Durante el encuentro, se coincidió sobre el clima social y político que reina en Córdoba y el país, que adelanta un aumento de la conflictividad. Quinteros reafirmó que en Córdoba no se aplica el “protocolo” del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se rige por la resolución de la Justicia provincial, a partir de hábeas corpus presentados contra los cortes de calles. El doctor Rodríguez Villafañe sostuvo que tal disposición es “inconstitucional”, porque es facultad de la Legislatura y no de un juez dictar cualquier un protocolo.
El Cispren adelantó que también se solicitará audiencia con el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado
Cabe recordar que el ministro y las autoridades provinciales no hicieron declaraciones respecto de las acciones represivas que sucedieron el jueves a la noche ante el pedido de explicaciones de organismos de DDHH y sectores políticos.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.