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En un documento señalaron que “el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y la creciente asfixia de nuestra economía imponen exigir al FMI que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018 y una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y cambios de condiciones)".
En esa línea, se pronunciaron a favor de investigar "la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos y reforzar la administración cambiaria sobre las divisas con énfasis sobre las que utilizan las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses".
El documento también sugirió que "debe imprimirse urgencia" a ese proceso judicial.
En cuanto a futuras leyes, aseguraron que es importante la aprobación de proyectos como el de creación de un fondo en dólares para el pago al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativo de "fondos buitre" tomando como base posiciones de Argentina en foros internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales.
El espíritu del documento se basa en el análisis inicial de que "la sociedad argentina se encuentra nuevamente ante una encrucijada cuyos signos más evidentes son la falta de reservas internacionales del Banco Central y las constantes presiones devaluatorias, con su efecto sobre el incremento de precios, el crecimiento de la pobreza y la indigencia".
El documento lleva las firmas de los economistas Ricardo Aronskind, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Jose Sbatella y Guillermo Wierzba.
