El Frente de Todos (FdT) buscará hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Argentina09 de febrero de 2023
Sures Noticias
La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
Tras conversaciones internas en los dos espacios principales de la Cámara sobre la forma en que se instrumentará el aval o el rechazo a la admisibilidad, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y del FdT mantuvieron en las últimas horas conversaciones informales para intentar ordenar la reunión de mañana, que, a priori, se presenta como intensa.
La admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del FdT expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de JxC rechazándola.
En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT.
El trigésimo primer integrante de la comisión, Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal, anticipó algunos fundamentos que lo llevan a ratificar su posición en contra de este proceso de remoción a los integrantes del máximo tribunal.
En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).
Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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