La Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala reiteró el pedido al presidente Alberto Fernández para que utilice "los mecanismos legales disponibles" para excarcelar a la dirigente social jujeña que lleva casi siete años detenida, a pesar de que el jefe de Estado había advertido que la Constitución Nacional le "prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales".
Argentina06 de enero de 2023
Sures Noticias
Así lo manifestó la Red conformada por ciudadanos argentinos, brasileros, canadienses, españoles, estadounidenses, finlandeses, franceses, italianos, ingleses, suecos y suizos, a través de una carta enviada al jefe de Estado este miércoles.
"A pocos días de cumplirse siete años de detención ilegal de Milagro Sala y sus compañerxs y esperanzados por su compromiso de utilizar los mecanismos legales disponibles para facilitar su inmediata libertad, nos dirigimos a usted para recordarle que ese pedido ha contado con importantes apoyos internacionales", argumentaron en el documento al cual tuvo acceso Télam.
A mediados de diciembre, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala en la causa "Pibes Villeros", en la que se la acusó de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado", un fallo que la dirigente social jujeña rechazó por haber sido emitido por un tribunal que responde "a la derecha".
En ese sentido, desde la Red destacaron el inicio de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia como "otro escalón" en el camino para "acabar con los sótanos de la democracia", haciendo referencia al discurso de asunción presidencial pronunciado por Fernández en diciembre de 2019.
"En Argentina y en el mundo esperamos ansiosos que cumpla con su promesa a los organismos de derechos humanos y Milagro esté en libertad antes del 16 de enero del 2023", añadieron en la carta, en referencia a la fecha en que se cumplirán siete años de detención de la dirigente jujeña.
Recordaron también los apoyos internacionales que recibió Sala de parte de mandatarios como Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Nicolás Maduro (Venezuela) y Justin Trudeau (Canadá), entre otros referentes políticos de todo el mundo.
Además, señalaron que "una delegación internacional de abogados visitó a Milagro Sala y demás detenidos de la Organización Barrial Tupac Amaru en junio del 2018", y "concluyeron que la detención continua de Milagro Sala y de los otros presos violaba principios jurídicos básicos y pidieron por su libertad".
También diversos organismos presentaron ante la Corte Suprema pedidos de intervención como amicus curae en la causa conocida como "pibes villeros" y "grandes artistas internacionales" participaron del festival internacional "Una canción para Milagro", detalla el texto.
Por su parte, en una entrevista que concedió a la FM Radio Con Vos, el presidente Alberto Fernández sostuvo que la Constitución Nacional le prohíbe dictar un indulto en el caso de la dirigente social Milagro Sala y explicó que quien tiene esa potestad es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado que se tratan de decisiones de la justicia provincial.
El Jefe de Estado dijo que "con mucho pesar" debía decir que la Constitución le prohíbe usar el indulto en casos como el de Sala: "Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución", sostuvo.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.