El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó hoy una serie de 'decretazos' para detener desde el inicio de su gestión las políticas públicas con la marca del exmandatario Jair Bolsonaro, entre los cuales la suspensión de la política de flexibilización para la adquisición de armas y el inmediato retiro del programa de privatizaciones de la petrolera Petrobras y la de logística Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), la red de medios públicos.
Mundo02 de enero de 2023
Sures Noticias
Según informó en un comunicado el equipo de prensa de Lula, también se restableció el Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania que había sido despreciada por el gobierno de Bolsonaro destinada al desarrollo productivo de las comunidades amazónicas.
El principal decreto de Lula fue el que suspendió el registro de nuevas armas para que adquieran los civiles, suspendió la autorización para la apertura de nuevos clubes de tiro hasta nueva reglamentación y redujo de seis a tres el número de armas que puede tener un civil en su casa.
Lula además firmó la reglamentación para pagar 120 dólares del plan social Bolsa Familia con adicional de 30 dólares por hijo a cada trabajador sin ingresos registrados, en el marco de una enmienda constitucional que logró aprobar antes de su asunción con acuerdo del Congreso.
En el primer día, además de poner en funciones al gabinete, Lula firmó la normativa que derriba los decretos con secretos de cien años que había dictado Bolsonaro sobre varios temas, entre ellas su libreta de vacunación y las visitas al Palacio del Planalto y el Palacio de la Alvorada (residencia oficial).
Lula determinó a la abogacía del gobierno evaluar el tenor sigiloso de esos documentos antes de darlos a conocer.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.