Sures Noticias
Versión penitenciaria
Se desato un incendio en un sector de la Antesala del Nucleo “C” , del establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres del Complejo Carcelario N° 1 “Rdo. Francisco Luchesse” de la localidad de Bouwer, describe el parte y agregra: el Servicio Penitenciario informa que a las 1:17 de este sábado 20 de diciembre se suscitó el incidente entre las dos internas. “La interna procesada P.G.A y la interna condenada R.M.F, en el cual se generó un incendio en el interior del lugar y mediante la acción inmediata del personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF), lograron mitigar el foco. Produciendo como resultado de esto el deceso de la interna P.G.A y la salida a nosocomio externo de la interna R.M.F”, detalla el informe oficial.
Desde la Jefatura se hizo entrega del procedimiento de rigor correspondiente a los fines investigativos, aportando todos los elementos probatorios que pudieren estar relacionados con el mismo ante la Fiscalía correspondiente, informó el SPC.
Las autoridades penitenciarias consignaron además que remitieron la novedad al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
Denuncia de Solidaridad Antikarcelaria CBA
La organizacion Autogestiva y apartidaria x la libertad de todxs lxs presxs y la destruccion de todas las jaulas publicó un comunicado en sus redes sociales que desmiente el parte oficial:
Hoy 20 de diciembre nos enteramos que murieron en un incendio dos mujeres que estaban presas en la cárcel de Bouwer. Mientras las pocas noticias que hay del hecho hablan de una pelea entre internas, lo que sabemos es que en verdad esto se dio en el marco de reclamos, entre otras cosas, por la falta de agua en el establecimiento. Una de ellas estaba en celda de aislamiento y reclamaban también por los traslados compulsivos que ejecuta el servicio penitenciario como mecanismo de tortura y castigo hacia las internas, trasladándolas constantemente a distintas cárceles de la provincia, alojándolas en celdas de castigo y separándolas de esta forma de sus familiares y seres queridos, quienes pueden pasar hasta semanas sin saber el paradero de la persona privada de su libertad.
Una vez ocurrido el incendio en Bouwer, el personal policial se demoró demasiado en abrir las celdas -contrario a lo que dicen los medios que destacan la rapidez en el accionar- y posteriormente intentaron usar matafuegos que no funcionaban. Para sumar a la ecuación, no había agua en el establecimiento. Todo esto provocó la muerte de una de las presas. Mientras la otra fue trasladada al instituto del quemado falleciendo horas después.
A estas dos muertes en las manos del servicio penitenciario se suma la tortura que sufrió una persona trans hace menos de un mes por parte de un grupo de oficiales, por el que están detenidas al menos 10 de ellas. La negligencia y desprecio por la vida de lxs internxs es un rasgo general del servicio penitenciario, y hoy se demostró nuevamente.
Estos no son hechos aislados, el contexto de las cárceles da cuenta de una sistemática vulneración de derechos. Entre las problemáticas recurrentes que conocemos de Bouwer, están la falta de agua y cortes de luz, condiciones de hacinamiento (en una celda de 3x2 metros, supuestamente para 3 personas, suelen dormir entre 5 y 6), las raciones de comida son insuficientes, las celdas no cuentan con ventiladores y no permiten que los familiares ingresen cortinas, hay una sola pava y dos hornallas para todo un pabellón (donde hay más de 110 personas) y atravesaron el invierno sin agua caliente. También afrontan interrupciones arbitrarias de tratamientos médicos impidiendoles la constancia -y por ende efectividad- de los mismos, y traslados compulsivos. Existen de forma totalmente ilegal las celdas de castigo y las camas de sujeción, en espacio de dos metros por dos metros, sin ventilación ni acceso a baño.
A todo esto se suma la restricción a las visitas, permitiendo únicamente visitas de familiares directos, sentenciaron
Tambien se sumo al pedido de escalrecimiento y justicia el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba y la APDH Regional Río Tercero y Villa María, que atraves de un comunicado señaló:
La APDH Regionales Río Tercero y Villa María repudian la actuación del personal policial del penal de Bouwer el 20 de diciembre, que causó la muerte de dos mujeres presas. Una estaba en celda de aislamiento y ambas reclamaban contra los traslados compulsivos del servicio penitenciario, usados como tortura al separarlas de sus familias por semanas.
La APDH promueve la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, defendiendo a las personas de abusos estatales. Trabaja en red con entidades como la Agrupación por la Memoria de Almafuerte, el Observatorio de DDHH de la UNC, entre otras organizaciones que en sus informes "Mirar tras los muros" (2013-2015) documentó abusos en prisiones cordobesas.
El comunicado cita una conclusión del informe 2015: critica la política de seguridad provincial como discriminatoria, abusiva e ineficaz, y urge un control civil democrático de las fuerzas de seguridad. Censura estos abusos como responsabilidad del gobernador y el ministro de Seguridad.
Testimonio en Facebook
Otras fuentes consultada por Sures Noticas confirmaron lo sucedido como consecuencia de que hace varios días las mujeres en Bower venian reclamando por la falta de agua, ni siquiera se podian dar un baño, en ese marco llega la joven de Villa Maria con un traslado compulsivo como castigo, ante esto la piba suma su reclamo y se produce el incendio, agregaron ademas que existen testimonios que dan cuenta de la demora en auxiliar a las victimas.
Alojada en Villa María y trasladada a Bouwer
Una de las víctimas fatales del incendio en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 (EP3) de Bouwer se llamaba Agostina Guadalupe Pedraza. Residía en el barrio José Ignacio Díaz, 3ª Sección, de Córdoba capital. Desde enero hasta el jueves pasado, estuvo alojada en el Establecimiento Penitenciario Nº 5, en el barrio Belgrano de Villa María.
Contexto de violencia en Bouwer
Este suceso se enmarca en una serie de episodios violentos en el complejo penitenciario de Bouwer durante los últimos meses.
Hace poco más de dos semanas, 10 agentes penitenciarias fueron suspendidas y detenidas por orden judicial. El 23 de noviembre, agredieron a una interna trans, hecho denunciado por la víctima y grabado por las cámaras de seguridad del pabellón. Enfrentan cargos por “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, con posibles agravantes si se prueba una agresión colectiva.
En octubre, la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) desarticuló una banda narco con 14 allanamientos en Córdoba. El grupo de 10 personas ingresaba drogas y objetos prohibidos al penal vía drones. La pesquisa surgió de una denuncia de la Jefatura del EP3 y resultó en 10 detenciones (cuatro hombres, cinco mujeres adultas y una menor), además de marihuana, armas, autos y drones secuestrados.
En septiembre, Gabriela Nahir Fernández (ingresada como Gabriel Fernández) fue acusada de abusos sexuales contra siete internas. Enfrentará juicio por “abuso sexual simple reiterado” (dos hechos), “abuso sexual gravemente ultrajante, continuado y calificado”, y por actuar sabiendo que portaba una enfermedad de transmisión sexual grave.
Otro caso involucró a un grupo mayoritariamente femenino detenido en Córdoba por usar certificados médicos falsos de embarazos o enfermedades graves. Así evadían controles para ingresar celulares, dinero y sustancias prohibidas durante visitas.
Reclamos de familiares
Familiares de Pedraza culpan al Servicio Prisiones de Córdoba (SPC) y a la Justicia por “abandono de persona”. Dijeron que los matafuegos no funcionaban y que otras internas arrojaban botellas de agua para apagar el fuego.
Este lunes, a las 11, se concentraron frente al SPC (Entre Ríos 462, Córdoba capital) para exigir una investigación exhaustiva. También criticaron al Poder Judicial por denegar meses atrás la prisión domiciliaria solicitada para la víctima.
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