El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno volverá a "impulsar el proyecto de renta extraordinaria" en el Congreso, al considerar que "tiene un sentido redistributivo y de justicia" gravar a los sectores que obtuvieron ganancias imprevistas en medio de la pandemia, y la guerra entre Ucrania y Rusia.
Fechu 26 de octubre de 2022
Sures Noticias
"Tenemos que volver a impulsar el proyecto de impuesto a la renta extraordinaria que mandamos al Congreso. Está ahí y no lo tratan", afirmó el presidente esta mañana en declaraciones a El Destape Radio, en las que consignó que conversó sobre este tema con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Al referirse a la distribución del ingreso y a los salarios y la inflación, el mandatario afirmó que "hubo sectores que tuvieron ganancias extraordinarias, los laboratorios por la pandemia y los de alimentos y energía por la guerra".
También, aclaró que la iniciativa "no" implica "gravar todas las ganancias" de esos sectores, sino los que "exceden al promedio de la ganancia".
"Eso sí tiene un sentido redistributivo y de justicia. Tenemos que volver a impulsar ese proyecto porque es justo", apuntó Fernández.
El 8 de junio de este año ingresó al Congreso el proyecto que prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 para empresas que registren una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones.
La alícuota contempla la Ganancia Neta Imponible que haya crecido en términos reales y que cumpla con un margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en relación al 2021 de al menos 20%.
Al presentar en su momento los detalles de la iniciativa que luego enviaría al Congreso, el presidente había afirmado que, "cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, sino que se parece más a una estafa", al asegurar que su administración pretende con esto "equilibrar lo que se ha desequilibrado".
Más de cuatro mil personas han firmado una petición dirigida al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitando que reconsidere el plan de reducción implementado en el multimedio público, el cual ha resultado en la eliminación del 40 por ciento de su personal.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.