En un comunicado público manifestaron que, desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en septiembre de 2021, la Corte Suprema quedó integrada por cuatro varones; exigen que la paridad de género en la integración de la Corte Suprema sea aplicada para garantizar la perspectiva de género en la administración de justicia.
Argentina25 de octubre de 2022
Sures Noticias
Comunicado de ADPRA
Ante la renuncia de la ministra Dra. Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia de la nación, presentada con fecha 30 de septiembre de 2021, el más alto Tribunal ha quedado
integrado, desde el primero de noviembre de dicho ano, por cuatro ministros varones. Seguin lo establecido en el artículo 99 inciso 4 de la CN y el Decreto 222/2003, el PEN tiene la facultad de nombrar los jueces de nuestro alto tribunal con acuerdo del Senado Nacional,
considerando en la inclusión de los nuevos miembros las diversidades de género y en un plazo máximo de 30 días desde que se produjo la vacante
Dado que la paridad en la integración de la Corte es necesaria para garantizar y promover la perspectiva de género en la Justicia en todos sus niveles se infiere que la presencia de juezas mujeres en la Corte Suprema es indispensable para enfrentar los estereotipos de género que alimentan la discriminación cotidiana y la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión, en todas las escalas. Si sumamos que dichas mujeres se encuentren formadas en derecho con perspectiva de género, el máximo tribunal garantizará el avance en la defensa de los derechos humanos de las personas.
Si bien es cierto que en el Congreso de la Nación la temática está en tratamiento a partir de la media sanción de un proyecto de ley de ampliación de los miembros de la Corte Suprema y el mismo tiene en cuenta la paridad, como defensores y defensoras del Pueblo del país reunidos en la Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA) nos expresamos en el sentido de que la vacante sea cubierta en forma urgente ya que el plazo de ley esta ampliamente excedido, y que el mismo se cubierto por una mujer de acuerdo a las consideraciones antes vertidas .
Dr. Lionel Suarez
Presidente ADPRA
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
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