Sures Noticias
Los acusados y sus abogados rechazaron la propuesta de inmediato. Argumentaron que aceptar el abreviado equivaldría a reconocer culpabilidad por ejercer el derecho constitucional a la protesta, en reclamo de un ambiente sano y protegido.
Desde el entorno de los defensores, se denunció que esta situación evidencia un intento del Poder Judicial y el Gobierno de la Provincia de Córdoba por criminalizar la protesta social. "No vamos a validar la represión al derecho de todxs a defender el monte", afirmaron fuentes cercanas a la defensa.
Como resultado de la audiencia, se fijó el inicio del juicio oral para mayo de 2026, en los días 7, 8, 11 y 14 de mes mencionado de 2026. El caso pone en el centro del debate la tensión entre la protección ambiental y las acciones persecutorias judiciales contra activistas en la región de Punilla.
Momentos de la convocatoria en Cruz del Eje en apoyo a los defensores ambientales de Punilla en la audiencia preliminar del juicio. Defensores perseguidos judicialmente por el gobierno de Llaryora y la Justicia Cordobesa.
Gabriela Taborda, defensora ambiental
En una comunicado la periodista, entre varias consideraciones, expreso:
Dicha audiencia tenía carácter ordenatorio, de cara al inicio del juicio, y fue convocada como audiencia pública. Sin embargo, a último momento, el juez interviniente resolvió de manera arbitraria declararla “audiencia reservada”, realizándola a puertas cerradas. Tal como fue expresado oportunamente, se trataba de una audiencia destinada a ordenar el proceso, donde debían exponerse las pruebas y los testimonios tanto de la defensa como de la querella. Nada de eso ocurrió.
La audiencia se convirtió en una instancia de negociación, en la que el juez Rojo, la fiscal y el abogado de Gabriel Musso insistieron reiteradamente en que nos declarásemos culpables para acceder a un juicio abreviado, proponiendo condenas condicionales. La fiscal llegó a calificar las causas como “pequeñitas”, minimizando de manera alarmante la gravedad del proceso judicial que hoy debemos enfrentar.
Y agregó: Señor Juez, señora Fiscal, señor Gabriel Musso:
Ustedes deberían revisar profundamente sus dichos y posicionamientos.
El señor Musso sí cometió actos de violencia, y fue responsable de la destrucción del paisaje, del monte nativo y de los bienes comunes de Punilla, en complicidad con los intendentes de Santa María de Punilla y Bialet Massé.
Frente a los pedidos de informes y a la resistencia social, la única respuesta que han sabido dar es la represión. Tal vez porque saben que han actuado mal, y por eso necesitan del aparato policial para sostener lo que no pueden sostener con legalidad ni legitimidad social.
En esa instancia de presión y negociación dejamos una respuesta clara y colectiva: no nos vamos a declarar culpables.
