Con el nombre de “Basta de Impunidad” se realizó, este lunes 26 de setiembre, una marcha por un poder judicial independiente. El reclamo de las y los organizadores rezaba: “En Carlos Paz y en Punilla hay causas judiciales por gatillo fácil, violencia estatal, asesinatos, delitos a la integridad sexual, maltrato infantil, femicidio, violencia intrafamiliar y de género, corrupción, delitos ambientales y mala praxis, sin Justicia”.
Córdoba28 de septiembre de 2022
Sures Noticias
Bajo el grito de "Basta de Impunidad" cerca de 200 personas, entre ellas familias víctimas de Impunidad marcharon por la ciudad serrana exigiendo el inmediato esclarecimiento de causas que continúan abiertas y/o frenadas en la justicia. Las victimas consideran que existe un pacto entre el poder político de Carlos Paz y el judicial para arrojar un manto de oscuridad en causas que involucran al poder político-económico de Carlos Paz que manipula los tiempos de la justicia en su beneficio.
La marcha se detuvo frente a los jardines municipales en dónde Adriana Condori y Vanesa Godoy, ambas con causas pendientes de esclarecimiento por mala praxis, leyeron un documento que resume el pedido de las familias que decidieron unirse en un intento desesperado por conseguir justicia.
La marcha arrancó pasadas las 11 de la mañana y tuvo paradas con lectura de documentos en lugares claves y sensibles de la vida institucional de Carlos Paz, entre las paradas de la movilización se encontraron la sede de Tribunales locales, donde hubo lectura de reclamos hacia las Fiscalías 1 De Jorgelina Gómez y la 2 de Silvina Paez quienes fueron mencionadas como parte del entramado oscuro del accionar de la justicia.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.