Los docentes pertenecientes a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) mantenían hoy un paro por 24 horas y realizaban una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial, en reclamo de un incremento salarial y en rechazo a la oferta salarial del Ejecutivo provincial.
Córdoba31 de agosto de 2022
Sures Noticias
“En el marco del plan de lucha docente por mejores salarios, jubilaciones dignas y condiciones laborales justas, ¡paramos y marchamos!”, indicó el gremio a través de un comunicado en el que se convoca a esta medida de fuerza, que cuenta también con adhesión de diferentes instituciones del sector privado.
“Rechazamos la propuesta salarial del Gobierno y exigimos una nueva oferta”, plantearon.
La semana pasada, la asamblea provincial docente rechazó la propuesta del aumento del 38% apoyada por la conducción del gremio para el segundo semestre del año.
El incremento, dividido en cuatro cuotas, fue aceptado por el resto de los gremios, y la oferta oficial consiste en un 12% para julio (que ya fue cobrado por los estatales que acordaron); 9% en septiembre; 11% en noviembre, y un 6% en enero del año que viene.
“Lo que el gobierno de la provincia nos ha ofrecido por todo el año es el 70%, pero a enero de 2023, y eso no cierra absolutamente”, explicó la secretaria adjunta del gremio, Zulma Miretti.
Los docentes se concentraron frente a la sede de Uepc a las 10.30, para luego movilizarse por las principales calles céntricas de la capital provincial hasta llegar a la sede de la Gobernación.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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