Los docentes pertenecientes a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) mantenían hoy un paro por 24 horas y realizaban una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial, en reclamo de un incremento salarial y en rechazo a la oferta salarial del Ejecutivo provincial.
Córdoba31 de agosto de 2022
Sures Noticias
“En el marco del plan de lucha docente por mejores salarios, jubilaciones dignas y condiciones laborales justas, ¡paramos y marchamos!”, indicó el gremio a través de un comunicado en el que se convoca a esta medida de fuerza, que cuenta también con adhesión de diferentes instituciones del sector privado.
“Rechazamos la propuesta salarial del Gobierno y exigimos una nueva oferta”, plantearon.
La semana pasada, la asamblea provincial docente rechazó la propuesta del aumento del 38% apoyada por la conducción del gremio para el segundo semestre del año.
El incremento, dividido en cuatro cuotas, fue aceptado por el resto de los gremios, y la oferta oficial consiste en un 12% para julio (que ya fue cobrado por los estatales que acordaron); 9% en septiembre; 11% en noviembre, y un 6% en enero del año que viene.
“Lo que el gobierno de la provincia nos ha ofrecido por todo el año es el 70%, pero a enero de 2023, y eso no cierra absolutamente”, explicó la secretaria adjunta del gremio, Zulma Miretti.
Los docentes se concentraron frente a la sede de Uepc a las 10.30, para luego movilizarse por las principales calles céntricas de la capital provincial hasta llegar a la sede de la Gobernación.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.