Un convenio de cooperación firmado entre autoridades nacionales y bonaerenses habilitó a que el Registro de las Personas facilite la base de datos de las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones emitidos en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, para acelerar los procesos de búsqueda e identificación de los que aún permanecen desaparecidos.
Argentina22 de julio de 2022
Sures Noticias
El acuerdo fue suscripto ayer entre la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), Claudia Carlotto.
El acuerdo favorecerá un “específico intercambio de información y datos” que será utilizada por el Ministerio de Justicia para intervenir en los procesos de búsqueda e identificación de personas detenidas desaparecidas durante el accionar del terrorismo de estado y la recuperación de la identidad biológica en casos de sustracción de menores, durante el periodo 1975-1983.
“Es muy importante que desde el estado provincial seamos capaces de agilizar estos trámites y que cada familia pueda encontrar lo que busca para reconstruir su identidad. Este convenio se enmarca en el compromiso que hemos tomado junto al gobernador Axel Kicillof de agilizar y mejorar la prestación y el servicio del derecho a la identidad”, señaló Álvarez Rodríguez.
Por su parte, Pietragalla Corti manifestó que “el espíritu de este convenio tiene que ver con dar celeridad al trámite de cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a la ConadiI a averiguar su identidad”.
Y agregó que “tener un acceso al Registro de las Personas, asegurando la confidencialidad de datos tan sensibles, permite romper con la burocracia y acelerar los procesos y tiempos de respuesta”.
También participaron de la firma el secretario ejecutivo de la Conadi, Manuel Gonçalves Granada, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matias Moreno, y el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez.
Gonçalves Granada, explicó que “este convenio formaliza un trabajo que venimos haciendo diariamente con el Registro de las Personas, algo fundamental para nuestra búsqueda porque la mitad de las personas desaparecidas durante el período de la dictadura están inscriptas en la provincia de Buenos Aires”.
Por último, Moreno destacó que desde hace dos años la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con acceso remoto al Registro Provincial de las Personas y “con este convenio hoy logramos ampliar el beneficio a la Conadi”.
“A partir del 10 de diciembre de 2019, volvimos a reimpulsar políticas de derechos humanos que nos ubican de ejemplo a nivel internacional sobre cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, en la lógica de la memoria, la verdad y la justicia, la garantía de no repetición y la reparación”, concluyó Moreno.
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Se llevó a cabo la presentación de la iniciativa local #PardonAssange, con la participación de líderes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, con el objetivo de aliviar las cargas legales que, a pesar de su liberación, aún afectan al fundador de WikiLeaks.
La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
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La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.
Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), informaron que “se solicitó a la justicia provincial una urgente medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años de Villa Allende”.
La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas a manos de un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional cuya responsabilidad política es de Bullrich.