Un convenio de cooperación firmado entre autoridades nacionales y bonaerenses habilitó a que el Registro de las Personas facilite la base de datos de las actas de nacimientos, matrimonios y defunciones emitidos en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, para acelerar los procesos de búsqueda e identificación de los que aún permanecen desaparecidos.
Argentina22 de julio de 2022
Sures Noticias
El acuerdo fue suscripto ayer entre la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), Claudia Carlotto.
El acuerdo favorecerá un “específico intercambio de información y datos” que será utilizada por el Ministerio de Justicia para intervenir en los procesos de búsqueda e identificación de personas detenidas desaparecidas durante el accionar del terrorismo de estado y la recuperación de la identidad biológica en casos de sustracción de menores, durante el periodo 1975-1983.
“Es muy importante que desde el estado provincial seamos capaces de agilizar estos trámites y que cada familia pueda encontrar lo que busca para reconstruir su identidad. Este convenio se enmarca en el compromiso que hemos tomado junto al gobernador Axel Kicillof de agilizar y mejorar la prestación y el servicio del derecho a la identidad”, señaló Álvarez Rodríguez.
Por su parte, Pietragalla Corti manifestó que “el espíritu de este convenio tiene que ver con dar celeridad al trámite de cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a la ConadiI a averiguar su identidad”.
Y agregó que “tener un acceso al Registro de las Personas, asegurando la confidencialidad de datos tan sensibles, permite romper con la burocracia y acelerar los procesos y tiempos de respuesta”.
También participaron de la firma el secretario ejecutivo de la Conadi, Manuel Gonçalves Granada, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matias Moreno, y el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez.
Gonçalves Granada, explicó que “este convenio formaliza un trabajo que venimos haciendo diariamente con el Registro de las Personas, algo fundamental para nuestra búsqueda porque la mitad de las personas desaparecidas durante el período de la dictadura están inscriptas en la provincia de Buenos Aires”.
Por último, Moreno destacó que desde hace dos años la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con acceso remoto al Registro Provincial de las Personas y “con este convenio hoy logramos ampliar el beneficio a la Conadi”.
“A partir del 10 de diciembre de 2019, volvimos a reimpulsar políticas de derechos humanos que nos ubican de ejemplo a nivel internacional sobre cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, en la lógica de la memoria, la verdad y la justicia, la garantía de no repetición y la reparación”, concluyó Moreno.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
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