El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá esta tarde para formalizar la convocatoria a la movilización ya anunciada para el 17 de agosto que irá desde el Obelisco hacia la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo a la "inflación" y con el reclamo de "unidad" para resolver los problemas de la economía.
Argentina 21 de julio de 2022
Sures Noticias
La reunión se desarrollará a partir de las 15 en la sede de la central obrera, en la calle Azopardo 802, informaron fuentes gremiales.
La semana pasada, la mesa chica de la CGT había resuelto proponer al consejo directivo de la central obrera la realización de la movilización el próximo miércoles 17 de agosto.
Así lo anunció el cotitular cegetista Héctor Daer al término de aquella reunión entre dirigentes de la central obrera que se realizó en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el microcentro porteño.
"La movilización va a ser presentada al consejo directivo, pero la idea es ir desde el Obelisco al monumento al Congreso", señaló Daer.
Días después, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó que la organización sindical que conduce se sumará a la marcha que va a ser -según dijo- "en apoyo y no en contra del Gobierno nacional".
"La marcha va a ser en apoyo y no en contra del Gobierno nacional. Este Gobierno mantuvo las paritarias, por eso los trabajadores lo apoyan. La actividad se está recuperando. no hubo despidos ni suspensiones y se nota que hay una reactivación, tanto en la actividad nuestra (Camioneros), como en otros sectores productivos", fundamentó Moyano.
En tanto, esta semana, la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) resolvió sumarse a la marcha del 17 de agosto contra la inflación y en apoyo a las reivindicaciones salariales y laborales, acoplándose así a la convocatoria anunciada por la CGT.
"Hay que comenzar un proceso de movilizaciones para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios", dijo el titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, al confirmar que se sumarán a la movilización.
El dirigente precisó que la CTA "va a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares".
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.