El diputado Carlos Del Frade, integrante de la comisión investigadora de la Legislatura de Santa Fe sobre el Caso Vicentin, consideró hoy que las causas penales que investigan el vaciamiento de esa empresa agroexportadora abren "la posibilidad del salvataje", y sostuvo que en ese proceso "el Gobierno nacional debe intervenir".
Argentina06 de julio de 2022
Sures Noticias
En declaraciones a Radio 10, el legislador y periodista rosarino explicó que el concurso preventivo de acreedores "se suspendió" por intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, con lo cual "se abre la posibilidad del salvataje".
"La Corte Suprema de Santa Fe intervino allí, se suspendió (el concurso preventivo). Ahora en este proceso lo que empieza a caerse es el famoso acuerdo que Vicentin dijo que había logrado" con sus acreedores, añadió Del Frade.
En ese sentido, agregó que "la cuestión de lo penal abre la posibilidad del salvataje, en inglés el 'crown down', donde claramente el Gobierno nacional debe intervenir".
El legislador insistió en que "a la resolución la justicia ya la tomó" donde "se produce esto del avocamiento", con lo cual "el 'crown down' va a empezar a producirse de acuerdo a cómo siga la cuestión en la justicia civil y comercial".
"Pero ya me parece que se puede presentar el Gobierno de 'motu propio', como de hecho se están presentando estas denuncias en la causa penal", evaluó.
Del Frade dijo que Vicentin, "a través de la filial paraguaya, falsificaba absolutamente todo con el objetivo de pagar menos impuestos en la Argentina".
La maniobra era informar que las exportaciones "salían desde el Paraguay, pero en realidad no salían desde Paraguay, porque ahí había una oficina para seis personas, no había almacenes, no había depósitos, no había nada".
"Ahora lo termina reconociendo (Vicentin), diciendo que no tenían plantas de silos ni de almacenamiento, por lo tanto ese es el reconocimiento del que se habla, de una gran defraudación de este consorcio, que generó un vaciamiento enorme para después (proceder) al endeudamiento millonario y la fuga", agregó.
También se refirió a otra denuncia penal, en ese caso respecto de que "Vicentin Family Group, que es la empresa que Vicentin colocó en su momento en Uruguay, sirvió para construir todo este vaciamiento a favor de sus grupos empresarios extranjeros amigos, como son los filibusteros de Glencore y de Viterra".
Sobre esa denuncia, Del Frade dijo que "asegura que esto empezó a partir del año 2018, un plan de vaciamiento, de fuga y de traspaso de todo los activos a los grupos extranjeros, insisto, filibusteros, como es el caso de Glencore, que ahora es Viterra, el principal exportador de la Argentina".
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.