La Coalición por una Comunicación Democrática sostuvo que los principios rectores de la Ley de Medios continúan vigentes

Documento completo del plenario nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática

Por una comunicación democrática a 40 años 

de la recuperación de la democracia 

El plenario nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática ratifica que el derecho humano a la comunicación debe ser garantizado mediante políticas públicas que aseguren la diversidad y pluralidad. Como lo hicimos desde 2004 al presentar los “21 puntos para una Radiodifusión democrática”, los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, las redes de medios comunitarios, cooperativos, pymes y la militancia popular articulada en esta Coalición, revalorizamos este espacio para la construcción de propuestas que recuperen y actualicen las banderas del federalismo y la defensa del derecho a la comunicación. 

Luego de la vertiginosa regresividad de derechos comunicacionales a la que nos llevaron las políticas del gobierno de Mauricio Macri, quienes integramos la Coalición vivimos con expectativa el inicio del gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Después de años de lucha y movilización contra el desmantelamiento y la parálisis de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como de otras políticas que supieron ampliar los derechos comunicacionales de nuestro pueblo, anhelamos tiempos de reparación de cada una de las conquistas que habían sido arrebatadas. Aportamos, también, a una agenda comunicativa capaz de imaginar las nuevas políticas que habían quedado pendientes o a las que los nuevos escenarios nos desafiaban. Hoy, vemos con profunda preocupación que la agenda en pos de una comunicación más democrática ha quedado empequeñecida o rezagada entre las prioridades políticas. 

El escenario comunicacional y tecnológico se ha transformado profundamente respecto de aquel que predominaba en el momento de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o, más tarde, de la Ley de Argentina Digital. La pandemia dejó al descubierto las profundas desigualdades en el acceso a conectividad de nuestro país. Las plataformas de origen transnacional crecieron como espacios de distribución de contenidos audiovisuales sin proteger la producción y el trabajo nacional. Las ciudadanas y los ciudadanos hacen un uso creciente de plataformas y aplicaciones a cargo de empresas de capital extranjero ajenas a la legislación y la jurisdicción nacional. Los discursos violentos que predominan en las redes corrieron los límites de lo decible en el espacio público, favoreciendo y naturalizando las expresiones discriminatorias, negacionistas, sexistas y racistas. 

A estos problemas, se suman otros de larga data: la concentración económica y geográfica de las empresas de comunicación y de infraestructura tecnológica, la inequitativa distribución de publicidad oficial que se transforma en sostén de las grandes corporaciones comunicacionales, la depreciación del salario y la precarización de las condiciones laborales  de trabajadores y trabajadoras de prensa y de las industrias culturales, las dilaciones en la ejecución de los fondos de fomento a los medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios, la falta de acceso gratuito a aquellos eventos que son de interés popular o relevante como las transmisiones de fútbol, las desigualdades en la participación de los géneros en los medios de comunicación, la falta de accesibilidad comunicativa para las personas con discapacidad. Aún en este contexto, verificamos con satisfacción el surgimiento de cientos de nuevas voces comunitarias, populares, rurales, públicas y de pueblos originarios y la profundización de la articulación entre sindicatos, experiencias de comunicación popular y universidades. 

Los principios rectores en los que se sostuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual continúan vigentes: la comunicación entendida como derecho antes que como negocio; los límites a la concentración; el fomento a la diversidad, el federalismo y el pluralismo comunicativo; y la promoción de la producción y el trabajo nacional y la protección de los derechos de las audiencias a través de la Defensoría del Público. Se trata entonces, de continuar con esos principios rectores como aquellos en los que se deben fundar las políticas que regulen la comunicación en los nuevos escenarios. El Estado continúa teniendo un rol decisivo si de lo que se trata es de generar un entorno comunicacional diverso y plural, condición necesaria para el ejercicio de la democracia. 

Desde la Coalición convocamos al conjunto de las organizaciones y los movimientos sociales a rejerarquizar a la comunicación en todas sus plataformas y formas de expresión como parte fundamental del debate social. Asimismo, exigimos una política reparadora y progresiva que vuelva a subrayar la comunicación como cuestión estratégica en las agendas políticas. 

Desde la Coalición proponemos impulsar las siguientes políticas y medidas para promover otro modelo de comunicación:

* Que sea Ley la prórroga a los fondos de asignación específica para la cultura y la comunicación, que ya tiene media sanción en Diputados y se tratará en Senado, lograda por la unidad y articulación del sector para enfrentar la regresividad neoliberal.

* Derogar los alcances del Decreto 267/15 de Macri y reemplazarlo por un ordenamiento federal y democrático que promueva efectivamente el derecho a la comunicación.

*Sostener la declaración de internet y telefonía móvil como servicio público, garantizando tarifas asequibles. Profundizar la implementación del fondo de servicio universal para el acceso a los servicios TIC. 

* Exigir leyes para la asignación de publicidad de los organismos del Estado -tanto a nivel nacional, como provincial y municipal- con criterios de pluralismo, independencia y federalismo.

*Promover el debate sobre la incidencia de las grandes plataformas en pos de garantizar la soberanía comunicacional, tecnológica y económica. Redistribuir parte de la renta que allí se genera a través de gravámenes.

*Apoyar a los actores de la economía social y solidaria y a las organizaciones sociales para la prestación de servicios TIC y convergentes.

*Ampliar los alcances de la definición de servicio audiovisual a los sistemas de suscripción por cable o satélite y a los contenidos que se comercializan a través de servicios de streaming por internet, tanto en lo referido a las exigencias de producción nacional en los catálogos de exhibición como de equidad fiscal en el pago de gravámenes.

* Promover la diversidad y el pluralismo informativo, impulsado por medios cooperativos, comunitarios, populares, micro-pymes, universitarios, indígenas y sindicales, a través de políticas y legislaciones específicas. Promover subsidios directos o indirectos para este tipo de medios.

* Restituir el Consejo Federal de Comunicación para cumplir con sus misiones y funciones establecidas, incluyendo el calendario de eventos de interés relevante. Garantizar la participación y consulta a los actores sociales en la determinación de políticas públicas. 

* Promover e impulsar el uso masivo de la Televisión Digital Abierta como sistema de acceso gratuito a la información y la cultura. Ante el inminente apagón analógico, generar la rápida apertura de concursos para licencias en TDA destinados a los canales comunitarios. 

* Implementar y hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que hace a cuotas de pantalla de contenidos locales, nacionales, programación infantil, música nacional e independiente.

*Demandar el pleno reconocimiento de las organizaciones sindicales de la comunicación en todas sus instancias de representación para mejorar las condiciones en cada medio, a través de paritarias y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Que las empresas beneficiarias de pauta publicitaria pública estén obligadas a cumplir los salarios y convenios colectivos de trabajo.

* Considerar los derechos de uso del material producido por trabajadores y trabajadoras de la cultura y la información respecto a la exhibición de sus obras en plataformas destinadas a la comercialización de bienes y servicios culturales e informativos (vía abonos o publicidad). 

*Establecer medidas urgentes de salvataje a las empresas periodísticas locales. Restaurar los artículos de la ley 26.736 para garantizar precio igualitario en el acceso de papel para periodistas. 

* Exigir a las empresas de televisión por cable la inclusión en sus grillas de programación de los canales de TV abierta en sus áreas de cobertura.

*Desarrollar programas educativos para la alfabetización mediática y digital del conjunto de la ciudadanía. 

* Reglamentar e implementar la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación aprobada en 2021, que entre sus disposiciones establece el cupo laboral travesti trans en los medios públicos. 

*Establecer sistemas claros y accesibles de protección y de transparencia en los datos que las personas dejan en internet, como usuarios o consumidores.

*Garantizar la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en el diseño de las políticas públicas. 

*Generar políticas para el fortalecimiento de los medios públicos para defender la soberanía informativa. 

Por último, exigimos la libertad de Julian Assange, la no extradición de Facundo Molares y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por la dictadura de Añez en Bolivia.  Apoyamos además el reclamo de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América para que se haga justicia con los agresores que hace seis años atacaron sus instalaciones. Denunciamos también el atropello de parte de la empresa TyC Sports para impedir a Pares TV de Luján el 29/06 la cobertura de un partido por la Copa Argentina. Asimismo, nos solidarizamos con los colectivos de comunicación del Uruguay ante los intentos del gobierno de Lacalle Pou por derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con grave riesgo para la libertad de expresión.

El próximo año se cumplirán 40 años de la recuperación de la democracia. Este nuevo aniversario nos interpela a enfocar una deuda histórica: la democratización de la comunicación como condición para la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana. 

2 de julio 2020, Argentina