Soberanxs le exige al gobierno de Alberto que lleve al FMI a la Corte Internacional de Justicia

Con la firma de Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu,
Fernanda Vallejos, Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Alejandro Mosquera,
Juan Pablo Olsson, Dina Feller, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, entre otrxs y bajo el titulo de "No basta con pedirle al FMI que se autoevalúe El pueblo reclama justicia sin ajuste y merece soberanía" la nueva carta publica de Sobreranxs irrumpe en la interna de Frente de Todos

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 Cuando presentamos SOBERANXS, en el día de la Soberanía Nacional dimos a conocer un documento, en el que proponemos al Gobierno Nacional, se dirija a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que solicite a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva sobre los siguientes puntos:

1.- Si existe responsabilidad del FMI en el otorgamiento y desembolso de un acuerdo stand by inusual, sabiendo de las dificultades para afrontar el pago de lo allí comprometido en los plazos que se convinieran, y la poca probabilidad que la deuda pudiera pagarse.

2.- Si existió violación de los artículos I, V y VI de su Convenio Constitutivo durante los años 2018-2019.

3.- Si existe responsabilidad del FMI, emergente de la violación de los artículos citados en el punto anterior, que permitieran una considerable salida de capitales.

4.- Si existe la obligación de reparar los daños ocasionados por las acciones u omisiones llevadas a cabo por el FMI, debido al incumplimiento de las normas de su Convenio Constitutivo.

5.- Si existe incumplimiento por parte del FMI, de lo establecido en el artículo IX, Sección 30 del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, al no haber contemplado entre sus normas, la realización de procedimientos adecuados, en caso de un conflicto con un Estado.

Nuestra propuesta al gobierno tenía como objetivo que se procediera dentro de un marco estrictamente legal, a los efectos de poner en evidencia los incumplimientos del Fondo respecto de su estructura normativa, y recurrir a una instancia internacional, a los efectos de obtener un pronunciamiento respecto de los mismos y la posibilidad de una instancia reparatoria.  Ya que se habían efectuado críticas a los procedimientos del FMI desde diversos ámbitos del Poder Ejecutivo, sobre las modalidades operativas del organismo y el destino de los fondos, entendimos que resultaba de significativa importancia obtener un pronunciamiento internacional que aclarara muchas de las cuestiones planteadas, alejándonos de la acostumbrada crítica ocasional a los modos que se planteó la operación, ya que tales expresiones –aunque fueran acertadas- en modo alguno tenían la entidad suficiente para cuestionar formalmente a la institución.

En la Evaluación Ex Post (EPE) del Acceso Excepcional de la Argentina bajo el Acuerdo Stand By de 2018, publicado por el FMI el 22 de diciembre se hacen una serie de consideraciones sobre lo ocurrido con la operación destacándose varios puntos, siendo uno de los más significativos que los fondos se usaron para pagar deuda insostenible lo que provocó fuga de divisas. También consignaron que el préstamo generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo, hubo pronósticos demasiado optimistas y señalaron que la aplicación de los criterios sobre sostenibilidad de la deuda, acceso al mercado y capacidad para ejecutar el programa no fue evidente y fue necesario utilizar cierto juicio para aplicarla. Más allá de algunas
claras inexactitudes en las que se incurre en el documento cuando se hace referencia a la sostenibilidad de la deuda, ya que el organismo había planteado reparos en sus informes de los años 2016 y 2017. Además, en el Staff Report del año 2018 (pág. 55) los funcionarios del FMI indicaron que “Dado el alto porcentaje de la deuda denominada en moneda extranjera, una sacudida del tipo de cambio es una vulnerabilidad importante. La prueba de esfuerzo estándar (50 por ciento de depreciación real con 0.25 passthrough) muestra que la deuda podría saltar al 81% del PIB en tal escenario, por encima del umbral de alto riesgo.”. “Un choque 'combinado macro-fiscal' provocaría que la deuda se elevará a casi 103 por ciento del PIB, lo que probablemente desencadene una crisis".

Finalmente en un documento del equipo técnico del FMI del año 2018, se indicó que "Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda”. Entre los elementos que destacan figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.
Ya en el año 2017, el gobierno en un documento de junio consignaba que: “Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país… No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no
se puedan pagar la deuda pública y los bonos.

El FMI era consciente de la situación y luego del Acuerdo de octubre de 2018, el gobierno le informaba en muchos casos diariamente sobre las operaciones monetarias y otras cuestiones económicas tal como se había acordado en la última Carta de Intención, sin perjuicio de que el organismo había destacado a un funcionario que tenía oficinas en el Banco Central. De todo lo anterior surge la responsabilidad del FMI en mucho de lo ocurrido con el préstamo otorgado en cuanto a las imposibilidades de ser pagado, pero lo más relevante, es el reconocimiento explícito de la fuga de capitales que se habría operado, lo que muestra de manera irrefutable la violación de los artículos V y VI de su Convenio Constitutivo.

Por acción u omisión el FMI no adoptó las medidas necesarias que establecen las normas citadas, ya que debería haber advertido al gobierno sobre la fuga, e inhabilitarlo para seguir recibiendo los recursos comprometidos, en caso de la falta de respuesta o la continuidad de la salida de los capitales. En este caso la situación era muy grave por la magnitud de las sumas que se transfirieron, lo que obligaba a un estricto control por parte de su representante en la Argentina, y los técnicos que lo asistían, que indudablemente reportaban a la directora
gerente del Fondo. Como puede observarse en la lectura de la Evaluación Ex Post, el FMI no menciona el incumplimiento de su Convenio Constitutivo, no se hace cargo de sus responsabilidades y solo hace algunos señalamientos sobre el fracaso del Acuerdo, pretendiendo como es habitual que el Estado y nuestro pueblo se
hagan cargo en su totalidad de las consecuencias derivadas del mismo, lo que supone, aunque no lo diga pagar las sumas comprometidas, las sobretasas de práctica, a través de un nuevo Acuerdo cuyas pautas por el momento se desconocen.

Es por las razones señaladas, que creemos que resulta de fundamental importancia, no acordar en este momento con el organismo multilateral, y proceder de conformidad como lo expusiéramos en el documento que dimos a conocer el 20 de noviembre, ya que es la única manera de poner en evidencia los incumplimientos del FMI, obtener que se haga cargo de las responsabilidades emergentes de la violación de sus propias normas, lo que significa la comisión de actos ilícitos, como lo definiera en el año 2011 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Y además reparar los daños ocasionados por su actitud negligente e irresponsable, no solo al prestar una suma que sabían que era imposible de pagar en los meses
acordados, sino no exigir al gobierno que adoptara las medidas necesarias, para evitar que el dinero se fugara del país. La soberanía no debe ser una palabra de rutina en los discursos oficiales, sino
que se la debe ejercer con acciones serias y rigurosas, que impidan los daños ocasionados por contrataciones irresponsables que están condicionando el futuro de la Nación.

Nuestra propuesta es una alternativa distinta, fundada en la necesidad de que se establezcan las responsabilidades, no solo del gobierno que contrajo el endeudamiento, sino del organismo multilateral que lo otorgó irresponsablemente. No basta con un “mea culpa” del FMI, exigimos reparación de los daños ocasionados. El derecho internacional es un arma insustituible para lograr ese cometido y no hay razón ni excusa para no apelar a todas las herramientas disponibles. El pueblo argentino reclama justicia y merece una
decisión soberana.

Argentina, 3 enero 2022