En particular piden que no se realice en enero ni nunca y solicitan la absolución ya de las y los estudiantes de la UNC y UNRN. La movilización será el próximo martes 7 de diciembre a las 17 Hs. Desde Colón y Gral. Paz.
Córdoba23 de noviembre de 2021
Sures Noticias
La Asamblea Interfacultades de la UNC manifestó en un comunicado que salen a las calles para responder contrariamente al intento de llevar adelante el juicio a lxs estudiantes de la UNC en enero.
Denuncian que el juez federal Bustos Fierro, actualmente a cargo de la causa de lxs 27 estudiantes de la UNC luego de que el juez Vaca Narvaja la elevara a juicio, ha pedido para el mes de enero del 2022 el SUM, Sala de Usos Múltiples, de Tribunales Federales, para comenzar con el proceso. En pleno mes de receso educativo, con las universidades cerradas y la ciudad vacía, por primera vez desde la vuelta a la democracia, quieren avanzar con el juicio a estudiantes por defender la educación pública, para evitar así la movilización estudiantil y los costos políticos.
Invitan a lxs estudiantes, organizaciones y partidos políticos, organismos de DDHH y sindicales, para sumarse y participar de la movilización.
Luego de la marcha se realizará un festival.
Pedido del Juez Federal Ricardo Bustos Fierro
Recientemente el Juez Federal Ricardo Bustos Fierro solicito el SUM (Salón de Usos Múltiples) del edificio para de tribunales federales para realizar el injusto juicio a lxs estudiantes en enero, el pedido tiene como argumentos que el SUM responde a la gran cantidad de imputados (23) y a la gran cantidad de prueba ofrecida para diligenciar, sumado a las características de trascendencia pública que rodea la presente causa.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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