En particular piden que no se realice en enero ni nunca y solicitan la absolución ya de las y los estudiantes de la UNC y UNRN. La movilización será el próximo martes 7 de diciembre a las 17 Hs. Desde Colón y Gral. Paz.
Córdoba23 de noviembre de 2021
Sures Noticias
La Asamblea Interfacultades de la UNC manifestó en un comunicado que salen a las calles para responder contrariamente al intento de llevar adelante el juicio a lxs estudiantes de la UNC en enero.
Denuncian que el juez federal Bustos Fierro, actualmente a cargo de la causa de lxs 27 estudiantes de la UNC luego de que el juez Vaca Narvaja la elevara a juicio, ha pedido para el mes de enero del 2022 el SUM, Sala de Usos Múltiples, de Tribunales Federales, para comenzar con el proceso. En pleno mes de receso educativo, con las universidades cerradas y la ciudad vacía, por primera vez desde la vuelta a la democracia, quieren avanzar con el juicio a estudiantes por defender la educación pública, para evitar así la movilización estudiantil y los costos políticos.
Invitan a lxs estudiantes, organizaciones y partidos políticos, organismos de DDHH y sindicales, para sumarse y participar de la movilización.
Luego de la marcha se realizará un festival.
Pedido del Juez Federal Ricardo Bustos Fierro
Recientemente el Juez Federal Ricardo Bustos Fierro solicito el SUM (Salón de Usos Múltiples) del edificio para de tribunales federales para realizar el injusto juicio a lxs estudiantes en enero, el pedido tiene como argumentos que el SUM responde a la gran cantidad de imputados (23) y a la gran cantidad de prueba ofrecida para diligenciar, sumado a las características de trascendencia pública que rodea la presente causa.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.